Las comisiones unidas de Gobernación y Anticorrupción del Senado aprobaron el dictamen para ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), una vez que se celebre sesión del Pleno.
Durante su comparecencia ante senadores, informó que, el nivel de percepción de corrupción del gobierno bajó de 86 por ciento en 2017 a 66 por ciento en 2019. En tanto, en ese mismo período incrementó el índice de confianza de 25 a 51 por ciento.
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El titular de la Función Pública, aseguró que busca entregar una institución mas profesional, eficaz y más útil y que la corrupción es como un cáncer y se tiene que combatir.
Cuestionado sobre la compra de medicamentos, recordó que se diseñó una estrategia en dos sentidos: contratos en las mejores condiciones para el Estado y comprarlas con oportunidad.
Sin embargo, reconoció que por la pandemia de Covid-19, se generó una ausencia de fuentes de abasto y la burocracia en la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) dificultaron la adquisición de medicamentos en el exterior.
“Por el Covid, la ausencia de fuentes de abasto, los procedimientos internos del encargado de la UNOPS que se supone que es un organismo especializado para encontrar dónde estaban los vendedores, las fuentes para comprar las medicinas, todo esto dificultó realizar las adjudicaciones. Pero, para el día de ayer se habían comprado el 97 por ciento de todos los medicamentos (…) esto obviamente nos da una gran experiencia para empecemos a la planeación para el siguiente año y regularizar estas compras”, refirió.
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A los senadores explicó su plan de trabajo, sustentado en 5 ejes prioritarios, entre ellos: combatir las causas y efectos de la corrupción por medio de la prevención y el control interno. Fomentar la ciudadanización de la lucha contra la corrupción Focalizar los actos de fiscalización en áreas proclives a irregularidades e ilícitos.
Reducir los niveles de impunidad administrativa mediante el fortalecimiento de la capacidad gubernamental para imponer sanciones. La mejora de los procesos de investigación sobre presuntas irregularidades y la identificación, mitigación y sanción del conflicto de intereses.
Así como utilizar eficiente y responsablemente los bienes del Estado mexicano.
Afirmó que la Secretaría de la Función Pública tiene rumbo definido, programa de trabajo sólido y con visión en su visión y advirtió que ejercerá al límite y con responsabilidad sus facultades de control, inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización para el debido cuidado de la hacienda pública a favor de la ciudadanía.
“Nos proponemos consolidar un sistema de fiscalización integral, que evite las desviaciones, las deshonestidades y la incompetencia y que encienda las sirenas de alarma ante la presencia de cualquier acto de corrupción o de ineficacia. Este sistema mantendrá el espíritu de estupor y rechazo ante cualquier acto de corrupción, tendrá presente que esta es corrosiva y contagiosa y se debe detener y combatir como un cáncer social”.
Adelantó que se trabaja en una bitácora para llevar un control de todas las compras que realiza el gobierno federal, tal y como ocurre ahora con la obra pública.
El funcionario reconoció que cuando hay corrupción arriba, permea a toda la pirámide administrativa, pero aclaró que la corrupción arriba está vigilada, no está permitida, por lo que hay una “limpieza en este sentido”.
LV