El Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo concedió un amparo al empresario Kamel Nacif, contra la orden de aprehensión girada en su contra en diciembre pasado por la tortura a la periodista Lydia Cacho, en 2005.
“Este órgano judicial señala en esta nueva sentencia que los hechos ocurridos los días 16 y 17 de diciembre de 2005, cuando la comunicadora fue aprehendida y torturada, no tuvieron relación con la publicación del libro Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México”.
“El amparo en revisión (bajo el número 143/2021) fue resuelto por mayoría, con el voto a favor de Selina Ahidé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada. El voto en contra fue del magistrado Jorge Mercado Mejía”, señaló el Organismo Artículo 19 en un comunicado.
En abril pasado, el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo negó un amparo a Nacif. Ante ello, el empresario interpuso este recurso de revisión, que finalmente resolvió el Tercer Tribunal Colegiado, en el mismo estado, el pasado 15 de julio, liberándolo de toda responsabilidad.
El organismo resaltó que estos hechos están lejos de ser simplemente una mala decisión. Indicó que en octubre de 2020 la defensa de la comunicadora obtuvo información –de una fuente judicial que pidió anonimato– sobre la operación corruptora del exgobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif para evitar una nueva orden de aprehensión, que finalmente fue librada en diciembre de ese año.
“En este contexto adverso para la plena vigencia de los derechos humanos, Lydia Cacho y Artículo 19 reafirman su compromiso al mantener la búsqueda de verdad, justicia y reparación. No descansaremos hasta que todos los responsables rindan cuentas”.
En su cuenta de Twitter, la periodista redactó: “Tardamos 16 años superando obstáculos de corrupción institucional, compra de jueces, atentados, amenazas de muerte, juicios penales y civiles para acallarme. Cuando estamos a punto de ganar, las magistradas niegan la verdad jurídica y se venden a la delincuencia organizada”.
LEG