Pasado el furor de la fracasada consulta, los ojos del Gobierno deberán estar puestos y el ánimo dispuesto para enfrentar la emergencia de salud que enfrenta el país.
Cierto es que el número de víctimas fatales del Covid se ha reducido, pero el número de contagios es incluso superior a los registrados en los meses de enero y febrero.
En la capital del país son varios los hospitales que se encuentran sin camas disponibles para atender a los enfermos por el virus; varios estados reportan igualmente saturación.
Pero tanto en la CDMX como en el resto de las entidades, los gobiernos estatales se han resistido ya no a un confinamiento sino a establecer medidas adicionales para detener la ola de contagios.
Si bien la directriz para atender la pandemia la establece el Gobierno federal por conducto de la Secretaría de Salud, los gobiernos estatales tienen autonomía para decretar sus propias medidas de prevención.
El único que ha hecho un intento ha sido el Gobierno de Jalisco, que anunció que pedirá el certificado de vacunación a quienes quieran ingresar a un restaurante, cine, bar, entre otros.
La medida se aplica ya en Francia cuyos habitantes la protestaron e incluso señalaron al presidente Macron como nazista.
El Presidente dijo ayer que lanzará un programa nacional de bacheo -es en serio-; hubo quienes le pidieron atender primero el problema de la violencia con justa razón.
Pero el Gobierno deberá definirse entre lo urgente y lo importante.
En este momento, lo urgente es frenar el tsunami de contagios.
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Ayer lo explicó muy claramente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova: para que exista un plebiscito sobre revocación de mandato primero tiene que haber una Ley de Revocación de Mandato.
Y hasta el momento no la hay.
Lo que hay es un mandato para que se realice, pero en el Congreso no se ha legislado la ley reglamentaria correspondiente por lo que el ejercicio simplemente no se puede llevar a cabo.
Y ahora dirán que con meses de anticipación el INE “está boicoteando’’ la consulta, elección, plebiscito o como quiera llamarle, cuando el tema corresponde al Congreso.
Así que desde ya comienza a escuchar la promoción de la consulta que tendría que llevarse a cabo en marzo, no lo crea, no caiga en provocaciones porque en tanto no exista una ley reglamentaria en la materia el ejercicio será patito o gansito.
Ándele, así como el de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de la planta cervecera en Baja California.
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Si en la Comisión Permanente todos respetan su palabra, hoy la Primera Comisión deberá aprobar, por separado, los dictámenes para eliminar el fuero a los diputados Mauricio Toledo, Saúl Huerta y analizar el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
La semana pasada, la oposición aprobó -con sus resistencias- la celebración de un periodo extraordinario a cambio de que se aprobara otro para los casos señalados.
El tema que traen el PRI y el PAN, es que no se puede quitar el fuero al fiscal Carmona porque desde febrero pasado está amparado contra cualquier intento de llevarlo ante un juez.
El amparo es definitivo y los legisladores panistas y priistas consideran que fincarle un juicio de procedencia implica caer en desacato a una orden del Poder Judicial.
Así las cosas, y si no hay nadie que rompa el pacto, se aprobará llevar a juicio político a Toledo y Huerta, a quienes Morena dijo que no defenderá ni será “su tapadera’’.
A ver si es cierto.
LEG