Será este mes cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prórroga de dos años en la presidencia al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Este sí es un debate que debe importar a todos los mexicanos pues se verá de qué está hecha la Corte: si respeta la Constitución o en una interpretación libre juzga, como quiere el presidente López Obrador, que Zaldívar es el único preparado para realizar la transformación del Poder Judicial.

Durante estos meses, después de la aprobación de la controvertida extensión incluida en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, ha habido cabildeos dentro de la propia Corte a favor y en contra.

Este debate no ha sido público; el único que ha mostrado interés en su aprobación es el propio Zaldívar que no rechazó categóricamente el regalo cuando pudo hacerlo.

En su lugar, le dio vueltas al tema y finalmente dijo que se someterá a lo que mandate el pleno de ministros pese a que el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside, envió el 15 de abril pasado, el mismo día de la aprobación de la Ley Orgánica, un documento en el que se deslinda públicamente de la propuesta de ampliación de mandato.

“Reiteramos’’, dice el documento del CJF, “que nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal que consoliden su autonomía en independencia’’.

Zaldívar tampoco se ha excusado de participar en la discusión; al menos no públicamente porque no podría ser juez y parte en la votación.

Probablemente lo hará cuando el asunto llegue al pleno y, si así ocurre, correspondería a 10 de los 11 ministros decidir si consideran constitucional la ampliación del mandato, aunque la propia Carta Magna establece en su artículo 97, cuarto párrafo, que el periodo del presidente de la Corte dura 4 años “y no podrá ser reelecto’’.

Puesto en castellano, lo que está por verse es si los ministros de la Corte anteponen la Constitución por sobre una ley secundaria cargada de tintes políticos.
La Corte tiene la palabra.

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La Primera Comisión de la Permanente aprobó la celebración de un segundo periodo extraordinario, la semana próxima, para tratar el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como el del fiscal de Morelos Uriel Carmona.

Los tres casos serán tratados por separado y ahora el interés está en ver si los acusados se presentan en San Lázaro para defenderse o envían a sus abogados; o ninguno de los dos casos.

Así que la Fiscalía de Justicia de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, ya solo tendrá que ponerles fecha a las órdenes de aprehensión para los dos primeros.

El caso de Uriel Carmona es distinto porque tiene un amparo.

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Es un secreto a voces que en Palacio Nacional no quieren ver de cerca al diputado Rubén Moreira, por varias razones.

El asunto es que esa animadversión en contra del coahuilense podría ser un arma de dos filos para los priistas.
Por un lado, está la necesidad de congraciarse con el jefe del Ejecutivo, lo que implicaría que el PRI pusiera a su servicio la bancada tricolor.

Y por el otro lado, está también la urgencia de Moreira de abrir un canal con el Presidente pensando en que su esposa Carolina Viggiano quiere ser candidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo.

Y aunque no sea morenista, las candidaturas de oposición también pasan por el visto bueno de ya saben quién.

LEG