El Gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal, que ha causado destrucción de bienes y vidas, por lo que exige una indemnización por daños y perjuicios.
La demanda fue presentada ante en el Distrito de Massachusetts en contra de fabricantes como Smith & Wesson, Century Arms, Colt´s Manufacturing, Glock, Ruger y Barrett, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra utilizada por los cárteles de la droga.
“El Gobierno exige respetuosamente (a) esta Corte… Otorgar una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio”, se lee en el documento con fecha 4 de agosto de 2021.
En el mismo, el Gobierno ejemplifica algunos casos donde el crimen organizado ha utilizado armas de origen estadounidense, y destaca el atentado ocurrido en junio de 2020 contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Entre las armas utilizadas se encontraban tres rifles de francotirador Barrett calibre .50, una pistola Smith & Wesson de 9 mm, una carabina Smith & Wesson de calibre 5,56 mm, un rifle Ruger de calibre 5,56 mm y una carabina Colt de calibre 5,56 mm. Seguido de la foto de cómo terminó la camioneta del jefe de la Policía tras el atentado.
CONFÍAN EN REDUCIR TRÁFICO ILEGAL
En la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al dar a conocer estas acciones legales, destacó que se busca que las empresas demandadas desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores.
“Porque las empresas lo saben, argumentan que cuando salen a venta y a comercialización, ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen y por supuesto que tienen información precisa si alguien llega y compra 5 Barrets de 50”, expuso.
Durante su discurso desde el Museo de Memoria y Tolerancia, Ebrard confió en la calidad jurídica de la demanda y aseguró que van a litigarla con toda seriedad.
“Vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune respecto a quienes producen, promueven y alientan este tráfico desde los Estados Unidos”, aseveró.
En la denuncia que se presentó en la Corte de Distrito de Massachusetts, se especifica que el Gobierno de México cuenta con leyes nacionales estrictas, que hacen que sea prácticamente imposible que los delincuentes obtengan armas legalmente en México.
En un documento del Senado de la República emitido en 2020, se informó que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval, señaló que “el Gobierno de México tiene registros de 2 millones 12 mil 573 armas que ingresaron al país de manera ilegal en la última década, y de ellas todavía un gran porcentaje no se ha recuperado”.
De esta cifra, alrededor de 1.7 millones aún están en posesión de particulares, lo que supone un grave peligro para la sociedad.
RESPALDAN ACCIÓN
Por considerar que es una llamada de atención y ejerce presión al Gobierno de Estados Unidos para poner en la mesa de diálogo el tráfico y venta de armas, senadores de Morena, PRI y PAN respaldaron la demanda.
Para el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, la demanda es correcta, valiente y justa porque “México no puede mantenerse ya callado ni silencioso, por eso este paso que ha dado la cancillería y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está en su mejor momento”.
En tanto, el vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, reconoció que esta medida ayudará a ejercer presión con el gobierno estadounidense y con la política de fácil acceso a las armas.
El senador del PAN, Damián Zepeda, destacó que si bien no conoce a detalle la demanda, considera que el tráfico de armas es un tema obligado en la agenda bilateral.
Mientras que la senadora panista, Xóchitl Galvez, se manifestó en contra de la demanda toda vez que el Gobierno de México debe hacer su trabajo.
Ponen en la mira barrett calibre .50
Por: Luis Valdés
El barrett .50 es una de las armas preferidas por los cárteles del narcotráfico en México, consta en la demanda presentada por el Gobierno federal en contra de 11 fabricantes de armas de Estados Unidos.
Según el documento, cuya copia posee este diario, entre los demandados está la empresa Barrett, que fabrica el M82A1, rifle de francotirador calibre .50 con la capacidad de derribar un helicóptero y perforar el blindaje ligero de vehículos y cristales, y que es vendido sin restricciones por la compañía, ofertándolo como “arma de guerra”.
Varios artefactos de dicha marca fueron hallados la mañana del 26 de junio de 2020 entre el arsenal que utilizó un grupo de civiles armados que atacó la camioneta en la que viajaba el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la capital del país.
La barrettt fue identificada en 2003 –por parte del Ejército de Estados Unidos– como “potencialmente terrorista” y entre sus compradores estaban “representantes de Osama Bin Laden, el Ejército Republicano Irlandés y diversos grupos de milicianos.
A cuenta gotas, plan de control de Biden
Por: Luis Fernando Reyes
Al asumir el cargo de Presidente de Estados Unidos, Joe Biden puso como una de sus prioridades en la agenda el control de la compra-venta y tráfico de armas, y el 23 de junio pasado, sin el respaldo del bloque republicano, presentó una primera parte, unilateral, de un plan general.
“Joe Biden sabe que la violencia con armas de fuego es una epidemia de salud pública. Casi 40 mil personas mueren cada año en los Estados Unidos a consecuencia de lesiones por armas y muchas más resultan heridas”, se puede leer en su plataforma de campaña.
Y es que las principales ciudades estadounidenses sufrieron 30% más homicidios en 2020 que en los últimos 25 años, de acuerdo con la Casa Blanca.
Y el paso se dio hace seis semanas, cuando presentó ante el Congreso una estrategia que consistía, principalmente, en la creación de cinco unidades para enfrentar el tráfico de armas, centradas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington, donde se ha registrado una fuerte alza en los homicidios.
Bajo este plan, reunirían a fiscales federales, policías especializados y representantes locales para investigar y desmantelar redes criminales que hacen llegar las armas a las comunidades, explicó ese día el fiscal general de EU, Merrick Garland.
Otras medidas que buscan endurecer la normatividad para tener acceso a un arma de fuego siguen pendientes ante la reticencia de los republicanos, tradicionalmente cercanos a la Asociación Nacional del Rifle estadounidense, que defiende a capa y espada la segunda enmienda constitucional de la Unión Americana sobre el derecho de portar y poseer armas.
LEG