En diciembre de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), vivió una de sus peores crisis que terminó, semanas después, con la renuncia de la entonces presidenta Janine Otálora.
La crisis fue detonada por la elección de gobernador de Puebla, que había ganado la panista Martha Érika Alonso al hoy gobernador Miguel Barbosa.
Barbosa se inconformó e interpuso un reclamo ante el Tribunal Electoral.
Este ordenó el conteo de todas las casillas; el resultado favoreció nuevamente a Martha Érika Alonso, quien días después muriera en un accidente de helicóptero cuando viajaba de Puebla a la Ciudad de México.
Luego del recuento, el magistrado José Luis Vargas Valdez pidió la renuncia de Otálora acusándola de “presiones políticas’’ para que la elección de Puebla se resolvería a favor de Alonso.
No presentó pruebas pero el escándalo fue mayor y provocó una crisis al interior del Tribunal que terminó con la renuncia de Otálora, el 23 de enero de 2019.
Cosas de la vida.
Vargas fue destituido ayer como presidente del Tribunal por un grupo de cinco magistrados que le pidieron cuentas de su gestión, lo que motivó un debate que acabó con la cancelación de la sesión que encabezaba el magistrado removido.
Los cinco magistrados que habían constituido un bloque en contra de las decisiones de Vargas, invocaron los Artículos 12, tercer párrafo y 15, fracciones VII y IX del Reglamento Interno del Tribunal así como el Artículo 180, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para convocar a otra reunión.
Esta reunión fue encabezada por la propia Otálora, en su calidad de magistrada decana, que de acuerdo al reglamento puede fungir como presidente del Tribunal ante la ausencia injustificada del titular.
Los cinco votaron por la destitución de Vargas acusándolo de haber roto la institucionalidad dentro del Tribunal, entre otros, y designaron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente.
Vargas publicó más tarde un video en el que asegura que su destitución es ilegal y que sigue siendo presidente.
No sabemos si el magistrado Vargas puede revertir legalmente su destitución; por lo pronto, el Tribunal atravesará un período de turbulencia mientras se acomodan las cosas.
Ojalá que este conflicto no ponga en duda la calificación de las elecciones de gobernador, que es el tema del TEPJF en este mes.
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Loable el hecho de que el Gobierno mexicano haya presentado una demanda en contra de las empresas productoras de armas en Estados Unidos y exigido una compensación.
No es un secreto que la mayoría de las armas que utilizan los cárteles mexicanos son de origen estadounidense, ya sea que entren por la frontera norte o la sur.
Pero en el lance el Gobierno mexicano se arriesga a ser exhibido como omiso para detener el tráfico ilegal de armas y la respuesta dura de los fabricantes estadounidenses que defenderán su industria con todo.
Ayer mismo la Asociación Industrial de Comercio de Armas (NSSF por su siglas en inglés), respondió al Gobierno mexicano.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras’’, dijo su vocero Lawrence G. Keane.
La Cancillería emitió una nota en respuesta a la NSSF en la que precisa que no está cuestionando el comercio de armas sino las prácticas “ilícitas y negligentes’’ de los fabricantes.
El tema tendrá que discutirse en una Corte; la apuesta del Gobierno mexicano es grande porque enfrenta a una industria notablemente poderosa.
LEG