La desaparición del Seguro Popular en 2020 tuvo un impacto negativo en el acceso a la salud en México, al pasar de 42.1% la población atendida en 2018 con ese programa, a 26.9% durante el año pasado a través del nuevo sistema del Gobierno federal.
No obstante, el acceso a los servicios de salud en otras instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa, Marina y Seguros privados se mantuvieron en los mismos niveles de 2018 a 2020.
Mientras en 2018 un 13.7% de la población rural tenía carencia de acceso a los servicios de salud, en 2020 ese porcentaje creció a 30.5%. Situación que también se presentó en zonas urbanas, al pasar de 17 a 27.5% en el mismo período.
De acuerdo con la Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en términos de carencias sociales incrementó en 12 puntos porcentuales el acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%.
Lo anterior, representa un aumento de 15.6 millones de personas respecto a 2018, al pasar de 20.1 a 35.7 millones de personas en 2020.
Las entidades con mayor carencia a la salud fueron Oaxaca (16.3% a 36.9%), Guerrero (13.8% a 33.5%) y Chiapas (17.6% a 37.1%), mientras que el menor aumento se reportó en Chihuahua (11.3% a 17.1%), Sinaloa (13.2% a 19.6%) y Baja California Sur (10.7% a 17.4%).
Ante este panorama, el Coneval señala como un reto urgente que la transición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) asegure la atención efectiva de la población y el pleno conocimiento sobre su funcionamiento y disponibilidad.
El 1 de enero de 2020 se puso en marcha -sin reglas de operación- el Insabi en sustitución del Seguro Popular y desde entonces su titular, el antropólogo Juan Antonio Ferrer, se ha enfocado más en la adquisición de medicamentos que en resolver la crisis de Covid-19.
LEG