A unos días de calificar la integración de la Cámara de Diputados, se profundizó la crisis institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ante la falta de acuerdo entre los siete magistrados se prevé que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva el conflicto.
La disputa se da en un escenario, en el cual deben resolver al menos nueve mil 800 impugnaciones derivadas de la elección pasada, considerada la más grande en la historia del país.
En unas semanas, deberán calificar la integración de la Cámara de Diputados, la cual debe quedar firme máximo el 31 de agosto para que los diputados electos puedan tomar protesta.
A ello le seguiría resolver los juicios derivados de las 15 gubernaturas que se eligieron el 6 de junio pasado. La primera sería la de Guerrero, debido a que en octubre, Evelyn Salgado, tomará protesta y existe una petición de nulidad de ese proceso electoral.
El miércoles, una mayoría de cinco magistrados acordó remover al presidente del TEPJF, José Luis Vargas; y nombrar a Reyes Rodríguez en su cargo.
El bloque dejó plantado ayer a Vargas, quien sólo mantiene el apoyo de Mónica Soto. Ante el desaire, el que todavía se ostenta como presidente en funciones del tribunal, según confirmó este diario, ingresó una controversia ante la Corte para que resuelva el conflicto y, además, pidió una audiencia con el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Sin embargo, el grupo mayoritario de magistrados, en el cual se encuentra Reyes Rodríguez, electo como presidente del TEPJF por sus compañeros, también se reunió con el ministro presidente de la SCJN, el cual se pronunció por resolver el conflicto “sin ambiciones ni intereses personales”.
Hasta el cierre de esta edición, en el TEPJF continuaban dos presidentes que aseguraban ser legítimos.
En diversas entrevistas radiofónicas, el magistrado Vargas señaló que está dispuesto a renunciar, pero la condición es que el grupo de los otros cinco juzgadores también se retiren del tribunal, con lo que abrió la posibilidad de una renovación del máximo tribunal electoral del país.
La posición de ese magistrado coincide con la expuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en su conferencia mañanera, quien pidió la renuncia de todos los integrantes de ese órgano electoral y consideró que su situación conflictiva es “degradante”.
El mandatario afirmó que “deberían renunciar todos por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta inmoral. Sí es un asunto lamentable, que da vergüenza”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco (Morena) también coincidió en la renuncia de todos los magistrados.
En tanto, su homólogo en el Senado, Ricardo Monreal, ofreció que la Cámara alta sea interlocutor de buena fe.
“Estamos intentando actuar como amigables componedores o como entes interlocutores de buena fe para buscar la solución a este diferendo interno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene facultades para resolver las controversias que se suscitan al interior de las salas pertenecientes al Poder Judicial de la Federación”, declaró.
Mientras que los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda, advirtieron que el Senado no tiene capacidad de revisión para querer resolver el conflicto.
Con información de Marco Fragoso, Jorge X. López y Karina Aguilar
Por utilizar a niños en spots, sancionan a Rommel Pacheco
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que Rommel Pacheco, clavadista olímpico y diputado federal electo del PAN, transgredió la legislación electoral al incluir menores de edad en su propaganda de campaña.
El abanderado mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio fue multado por 44 mil 810 pesos por utilizar a 22 niñas y niños en spots de Facebook, sin la autorización escrita de sus padres o tutores.
A su vez, el PAN fue sancionado con 22 mil 405 pesos por no cumplir con su deber de vigilar la propaganda difundida por el candidato y deportista de alto rendimiento.
La sentencia destaca que “los derechos de las niñas, niños y adolescentes están expuestos a una latente vulnerabilidad y transgresión con la difusión de su imagen”.
En otro asunto, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine las sanciones a varios altos funcionarios por utilizar recursos públicos en propagada ilegal.
Durante su sesión de este jueves, los magistrados señalaron que en el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador por los primeros 100 días del tercer año de Gobierno, los titulares de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el secretario particular del Presidente de la República y al director de área en la Unidad de Administración y Finanzas ejercieron recursos públicos de forma ilegal.
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