Hoy, quiero comenzar con un ejercicio y hacerles algunas preguntas: ¿ustedes defenderían a alguien que robó 55 millones de dólares? ¿Seguirían confiando ciegamente en quien tiene acusaciones de robo, de extorsión y de vínculos con el crimen organizado? ¿Apoyarían a quien no solo abandonó, sino que huyó del país dejando solos a sus representados tras una tragedia?, o bien, ¿creerían en la honestidad de alguien que gasta 50 millones de pesos al mes para vivir?
Yo, definitivamente no, y supongo que la mayoría de ustedes contestaría lo mismo; sin embargo, algo está pasando en esta administración que a todas esas preguntas han respondido con un sí. Explico, desde antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se mostró un inexplicable apoyo a Napoleón Gómez Urrutia, quien, en pocas palabras, engloba todos los cuestionamientos antes mencionados. Curiosamente, con estos antecedentes le dieron un escaño como senador con el que puede librar cualquier tipo de acusación, gracias al fuero.
De ahí lo han impulsado como a pocos: lo trataron de imponer como el líder sindical que México esperaba, solo que se dieron cuenta que ni creando una nueva organización que lo desvinculara del sindicato que heredó, lo lograrían. No solo han intentado borrar su deshonroso pasado, sino que desde el Ejecutivo hasta lo han victimizado.
En últimas fechas, el Presidente ha desdeñado, en su conferencia matutina, a los trabajadores. Así sucedió recientemente en Baja California, cuando el mandatario aseguró que no hay ningún afectado por las acciones pasadas o presentes de Napillo. Pero esto no es verdad, los afectados suman miles y las pérdidas económicas acumulan millones.
No entendemos por qué si se dicen defensores de los pobres y justicieros de los que menos tienen, el Presidente pide la intervención de la secretaria del Trabajo como mediadora para rogarle a Napito que le regrese algo de los 55 millones de dólares que les quitó a los más de siete mil trabajadores de Cananea.
Insisto que algo está pasando, ya que el llamado de López Obrador no solo debiera ser a la secretaria del Trabajo sino al Poder Judicial, pero en sentido opuesto, es decir, debería pugnar y obligar a que Napito regrese los 55 millones de dólares que les quitó a la brava a sus agremiados. Es importante señalar que la petición de estos recursos es legítima y que muchos compañeros han muerto en espera de que se les haga justicia.
Pero el paso de Napito por el sindicalismo no sólo ha traído desfalco económico, sino que no podemos olvidar a los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, trabajadores que él permitió que laboraran sin ninguna protección de ley, a cambio de millones de pesos.
Claro que hay afectados y sí hay otros datos. El Presidente tiene la idea de que la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, ya está operando, pero no es así, su senador, emblema del sindicalismo de la 4T, continúa bloqueándola a pesar de ya existir un acuerdo para que la mina entre en operaciones. Su hombre, señor Presidente, continúa privando de ingresos a más de 350 familias.
Se suman más afectados si tomamos en cuenta los años que este individuo privó de su empleo a los compañeros de Cananea y Sombrerete, además de que debe recordarse que aún hay una sección en Taxco, Guerrero, que sigue sin operar por voluntad y capricho de Napillo.
Afectados por Napoleón Gómez Urrutia se cuentan por miles, en sus manos está, señor Presidente, que este número disminuya o bien se duplique o triplique.
@CarlosPavonC