El narcotráfico y el Gobierno tienen un enemigo común: los medios de comunicación y los periodistas. El primero los ataca con armas de fuego; el segundo a través de la difamación y la calumnia por un odio irracional.
Un grupo criminal, supuestamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, amenazó a la periodista Azucena Uresti y a Milenio, El Universal y Televisa. La impunidad con que actúan les permite cruzar una línea peligrosa para la estabilidad del país.
El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad e integridad de los mexicanos, incluidos quienes son incómodos por sus trabajos de investigación al poder gubernamental y al narcotráfico.
Después de difundida la amenaza, el presidente López Obrador se limitó a expresar su solidaridad. No condenó ni envió un mensaje firme a los criminales que actúan con despotismo. Saben que no serán perseguidos.
Los cárteles tienen aterrorizado al país. Si antes no entraban a la Ciudad de México, ahora lo hacen. El año pasado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado, presuntamente por el CJNG.
Los periodistas no tienen el blindaje de un funcionario de ese nivel. Son vulnerables a los ataques. En lo que va de este Gobierno han sido asesinados 44 periodistas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
López Obrador informó que el Gobierno tomó medidas para salvaguardar la seguridad de Uresti y de los medios de comunicación. ¿Es suficiente? No, porque los cárteles del narcotráfico tienen mejores sistemas de inteligencia que el Gobierno. Además, opera a su favor el factor sorpresa con el que atacan.
La estrategia “abrazos, no balazos” resultó fallida. El Gobierno debe combatir, desmantelar y aprehender a aquellos que atentan contra la paz y la vida de los mexicanos.
En un país donde ejercer el periodismo es de alto riesgo, deben acabar los ataques a medios de comunicación desde Palacio Nacional, porque son caldo de cultivo para que los criminales crean que amedrentando a periodistas hacen un favor al Gobierno.
Si López Obrador no pacifica al país, no trascenderá ni pasará a la historia como el Presidente de la transformación, sino como quien hundió todavía más al país en la violencia y la corrupción.
Directo: decisión salomónica. Ni José Luis Vargas ni Reyes Rodríguez Mondragón encabezarán el Tribunal Electoral. Habrá una presidencia de transición a cargo de Felipe Fuentes Barrera, lo que no garantiza que terminen las disputas. Indalfer Infante calienta el brazo para convertirse en presidente del máximo órgano electoral a partir de septiembre. Tiene el apoyo de Ricardo Monreal y del PAN.
Indirecto: Hugo López-Gatell está desahuciado. El locuaz personaje perdió la confianza del presidente López Obrador. Señalar de “golpistas” a padres de niñas y niños con cáncer y enfrentarse a Claudia Sheinbaum fueron la gota que derramó el vaso. Carga sobre su conciencia casi 250 mil muertos por Covid, reconocidos oficialmente.
@maurijua