En México, más de 260 mil niños y niñas son obligados a trabajar, ya sea explotados sexualmente, pidiendo limosna o laborando en otras áreas.
De acuerdo con el informe Trata de Personas México 2019-2020, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCSJ), con base en el análisis de cuatro mil 445 reportes de explotación laboral, 34% de los casos corresponden a niñas, niños y adolescentes.
Los sitios donde se concentra este tipo de ilícito son: estaciones del Metro, centrales de autobuses, restaurantes, cruceros viales y centros de espectáculos.
En cuanto a los traficantes de personas, el informe refiere que se han “adaptado” a la pandemia, ya que ahora utilizan diversas plataformas de Internet para captar a sus víctimas.
Durante la emergencia sanitaria, los delincuentes utilizaron las redes sociales en 22% de los casos para enganchar a personas vulnerables.
Para visibilizar la mendicidad forzada contra menores de edad como una modalidad de la trata de personas y ayudar a su combate y erradicación, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, El Pozo de Vida, A21 y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzaron la campaña Las voces de las víctimas marcan el camino, que invita a la población a reportar situaciones sospechosas a la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano al número 800 5533 000, de manera gratuita, confidencial y a cualquier hora y día de la semana.
PROTECCIÓN, A NIVEL NACIONAL
Al respecto, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a sus homólogas en las 32 entidades para que investiguen y, en su caso, sancionen los casos donde se sospecha de delito de trata en agravio de personas menores de edad con el objetivo de proteger el interés superior de la niñez.
“En el PT reconocemos que la complejidad del delito de trata de personas es mayúscula, desde la concepción, planeación y organización, hasta la ejecución por parte de las redes delincuenciales. Sin embargo, es prioritario que el Gobierno mexicano actúe ante la creciente ola de tráfico laboral”.
Consideró que es un deber del Estado vigilar que la trata de menores se erradique de nuestra sociedad. “Es deber de la ciudadanía denunciar este tipo de prácticas y, sobre todo, es deber de todas y todos seguir tomando conciencia sobre esta terrible práctica que lacera al futuro de nuestro país”, indicó.
Solicitó el oportuno y eficaz seguimiento al proceso de los delitos de trata infantil para garantizar a las víctimas el mejor cuidado y atención y brindarles la protección, reparación integral y no repetición.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, también solicitó a las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones establecer una mesa de trabajo permanente con las empresas de redes sociales a fin de implementar mecanismos que permitan identificar y prevenir la trata de personas.
LEG