La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio para verificar la observancia y el cumplimiento de las garantías de migrantes deportados de Estados Unidos.
El organismo indicó que indaga si el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la SRE, la Secretaría de Salud federal (Ssa), así como de las autoridades estatales y municipales cumplen con las medidas para proteger a los migrantes.
La presidenta, Rosario Piedra, instruyó esta medida debido a la situación que enfrentan las personas que han arribado a la frontera norte sin control migratorio ni sanitario frente a la pandemia.
Se solicitaron medidas cautelares a 31 diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de evitar hechos violatorios de derechos humanos que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad e incluso la vida de personas deportadas desde EU.
Entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónico-degenerativas que se alojan en el albergue San Juan Bosco, de Nogales, Sonora, así como de las puestas a disposición del INM.
La investigación inició luego de que los días 29 de julio, 2 y 6 de agosto de 2020 personal de la CNDH realizara una serie de visitas a dicho albergue, en las que observó un creciente flujo de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Arribaron al albergue debido a las deportaciones masivas que el Gobierno de EU efectúa con base en lo establecido en el Título 42, como una política de salud pública de ese país.
A lo anterior se suma el problema de contagio de Covid-19 que se presenta no sólo con los extranjeros, sino también entre sus colaboradores.
La CNDH consideró que en el albergue, así como en la zona fronteriza de Nogales, se requiere de atención y ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, de salud, sanitarias y de seguridad, ya que tal sitio carece de los insumos necesarios para su subsistencia.
AR