México vive en la terrible dualidad de enfrentar los problemas cotidianos de la crisis económica, la pandemia, la delincuencia, el cambio climático y muchos más, y del otro lado de un Gobierno federal entregado por completo a su agenda de facción política.

La variante Delta del SARS-CoV-2 arroja más contagios que en los picos de las olas anteriores, un huracán acaba literalmente de cruzar de costa a costa el territorio nacional, las cifras de pobreza y desempleo nos muestran que millones de mexicanos siguen en una situación precaria desde el estallido de la crisis por el confinamiento derivado de la pandemia, la impunidad de la delincuencia organizada es cada día más evidente y la prioridad del Gobierno federal es que se aprueben las leyes secundarias de la revocación del mandato.

Era de esperarse que el presidente López Obrador empezara la semana mojándose los zapatos en las zonas afectadas por el huracán Grace, sobre todo ahora que desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales y los afectados por este tipo de fenómenos deben esperar a que la gracia del mandatario les asigne partidas presupuestales.

Pero no, Veracruz puede esperar para hoy, porque ayer la prioridad era reproducir en la conferencia de Palacio Nacional testimonios que justificaran la persecución de opositores como Ricardo Anaya. Era mejor poner en la gran pantalla de la mañanera al panista Javier Lozano atizando el fuego contra Anaya que estar al lado del hombre que en el huracán perdió a su esposa y a cinco hijos.

Y no se trata de un descuido, esa es la estrategia de la 4T. El presidente López Obrador sabe que tiene una sólida base ciudadana que está muy a gusto con esa forma facciosa de conducir su administración.

Sabe muy bien el actual Gobierno que todos aquellos que tampoco están de acuerdo con la manera de conducir al país se enganchan con su agenda y cada mañana marca el camino de la discusión pública, lo que evade por completo la atención política de los otros temas.

Por lo que tiene sentido algo que en el papel carece de toda lógica, que un Presidente quiera hacer hasta lo imposible para que lo sometan a un supuesto ejercicio de revocación del mandato.

Claro, revocación con una pregunta que invite a la ratificación del mandato. No vaya a ser que el ciudadano en la urna piense bien las cosas y algo salga mal.

Así que, en esa lógica del mundo paralelo de la 4T, la fracción parlamentaria al servicio del Presiente impulsará, tan pronto como el 1 de septiembre un esfuerzo legislativo para hacer de una posible consulta el próximo año una de adulación del mandato de López Obrador.

La intención es que con la fuerza mayoritaria que todavía tendrá la siguiente legislatura se impulse una ley de ratificación, un marco legal que permita una pregunta que no ponga en riesgo la continuidad de esta administración y sí logre por el contrario que sus bases inunden las casillas con loas al Presidente.

 

@campossuarez