Es una tradición en México que cada Presidente tenga sus presos políticos. Los presos políticos son una constante y es un lastre que no acaba, aunque López Obrador afirme, a voz en cuello, que esta vez no hay ni uno.

La mentira es ya parte del discurso oficial y tiene en su difusión una forma de impunidad que nadie se atreve a denunciar. Los presos políticos están ahí. En el centro de la Ciudad de México hay campamentos que exigen la liberación de líderes sociales encarcelados injustamente, lo que quiere decir que sucede en todo el país.

La huida voluntaria del excandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, atrae reflectores de los medios, lo cual no deja de ser un problema para la actual administración, porque servirá de referencia para cuestionar al Presidente, y prueba de ello es que en las conferencias matutinas el mandatario lleva dos días abordando el tema.

Anaya usa a los medios para descalificar al Presidente y, al mismo tiempo, justificar su salida. Ante esta situación, López Obrador insiste en que, sea culpable o inocente, debe enfrentar su proceso en el país y que los verdaderos luchadores sociales no huyen, sino que comprueban su inocencia.

El caso es que Anaya quiere llamar la atención, aunque sea para que hablen mal de él. Una de sus muchas desproporciones radica en compararse con Benito Juárez y los hermanos Flores Magón, quienes huyeron del país por su seguridad.

Mientras esto sucede, reaparecen las demandas contra Anaya que se levantaron desde 2018 por los propios panistas, como Ernesto Cordero, quien lo demandó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Emilio Lozoya aseguró que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray ordenó sobornar al panista con seis millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética.

Acusaciones públicas contra Anaya también están presentes en la memoria de los mexicanos, como cuando Javier Lozano mostró la diferencia entre lo gastado por Anaya y lo obtenido por su salario, lo cual evidenciaba una gran diferencia.

Hasta ahora las acusaciones penales contra Anaya no vienen ni del presidente López Obrador ni de Morena, esto no quiere decir que no haya presos políticos en México.

Está el caso de Rogelio Franco Castán, candidato a una diputación federal por el PRD, y quien, al no ser sentenciado no ha perdido sus derechos políticos, por lo que debe entregársele su constancia de mayoría.

Del mismo modo, el candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, Veracruz, Gregorio Gómez Martínez, fue detenido en su negocio y se encuentra en prisión por el mismo delito que Franco Castán: “ultrajes a la autoridad”.

Otro caso es el de Nicolás Ruiz Roset, abanderado de la coalición Va por Veracruz a la alcaldía de Minatitlán, quien fuera detenido luego de registrar su candidatura.

Los delitos imputados a los tres carecen de sustento; a pesar de esto llevan varios meses en la cárcel sin sentencia porque las audiencias se aplazan eternamente para evitar definir su situación legal.

El hecho de que estén en la cárcel, sin delito y sin sentencia, muestra que en México sí hay presos políticos y éstos son sólo tres casos, pero hay otros igualmente insostenibles en todo el país.

PEGA Y CORRE.- La Cofece sigue castigando a las empresas farmacéuticas por prácticas monopólicas, alterar los precios, restringir las medicinas y especular con los medicamentos; ilícitos que suman en 10 años la cantidad de dos mil 359 millones de pesos, que debieron pagar de más los mexicanos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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