Sólo cinco personas han sido excarceladas a un año y cuatro meses de haber sido aprobada y promulgada la Ley de Amnistía, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de liberar a miles de mujeres, jóvenes y personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas procesadas por los delitos de aborto, contra la salud, sedición y robo o bien que hayan sufrido una injusticia procesal.
Hasta el corte del 22 de enero pasado, la Comisión de Amnistía -órgano encargado de recibir las solicitudes- contaba con mil 115 casos para dictaminar, de los cuales 942 eran hombres y 173 mujeres; sin embargo, hasta julio de este año sólo habían sido liberadas cinco personas; no obstante que en marzo se informó sobre la procedencia de 38 solicitudes.
Esos 38 casos serían remitidos a jueces federales para resolver sobre el otorgamiento de la amnistía; no obstante, ante la contingencia por Covid-19, se amplió el plazo hasta por seis meses para resolver solicitudes.
De acuerdo con la publicación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, titulado “Avances en el proceso de implementación de la Ley de Amnistía a un año de su entrada en vigor”, sólo los estados de Hidalgo, México, Sinaloa, Tlaxcala y Durango han aprobado una Ley de Amnistía local armonizada con la federal.
Ante ello, el IBD propuso la realización de otras acciones institucionales integrales y complementarias que ayuden a garantizar la no repetición de hechos similares y poder cumplir con el objetivo real del mecanismo.
Por ejemplo, avanzar en la despenalización del aborto para evitar que se siga encarcelando a las mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos y sea eliminado como delito de los Códigos Penales estatales.
“Es decir, las leyes o iniciativas locales de amnistía no están siendo armonizadas con otras transformaciones legislativas necesarias para garantizar que no se vuelva a encarcelar, en este caso, a las mujeres por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Otro tema pendiente, en materia del delito contra la salud, es la revisión de la política de drogas y su legislación actual”, refirió el Belisario Domínguez.
Ante ello, destaca que la intervención del Senado resulta fundamental en el seguimiento de todos los procesos que giran en torno a las amnistías “con el fin de garantizar que sea un mecanismo de justicia eficiente, efectivo, rápido y de fácil acceso”.
LEG