La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará el lunes el análisis de tres acciones de inconstitucionalidad sobre temas relacionados con el aborto, el respeto a la vida desde la concepción y la objeción de conciencia.
En estas deliberaciones, la Corte corre el riesgo de sumarse a la moda de lo “políticamente correcto’’, promover un activismo judicial o incluso asumir el papel de legisladora en contra de su propia naturaleza y fallos.
El primer asunto, que se discutirá a partir del lunes, es la acción de inconstitucionalidad que promovió la entonces Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía- en contra de la determinación del Congreso de Coahuila de penalizar el aborto.
El ponente del caso es el ministro Luis María Aguilar, que propone declarar inconstitucionales las modificaciones que el Congreso coahuilense hizo a su código penal.
Las razones esgrimidas en el proyecto son que el ordenamiento viola los derechos humanos de las mujeres, su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, su libertad de elegir.
En el caso de Sinaloa, la Corte pretende declarar inconstitucional la modificación que hizo el Congreso local a su Constitución en el que se establece la protección a la vida desde el momento de la gestación.
El ministro ponente es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que replica en su proyecto algunas de las razones de su colega Aguilar, además de señalar que con esta determinación se limitan los derechos progresivos de las mujeres.
El tercer caso es la acción de inconstitucionalidad a la Norma de Salud 046, que establece la obligación de cualquier personal médico a interrumpir un embarazo cuando una mujer lo solicite.
Lo que pretende la Corte en este caso específico, es declarar inconstitucional la objeción de conciencia; es decir, que el personal médico sí o sí, por mandato legal, tendría que realizar esta operación aún cuando vaya en contra de sus creencias o valores.
El problema de fondo es que la SCJN pareciera querer decir a los Congresos locales en qué sentido votar, lo que constituye una invasión evidente a la libertad de redactar sus propias leyes que tienen los legisladores locales.
Cada entidad federativa tiene el poder absoluto, exclusivo y supremo de ejercer su soberanía dentro de su territorio y reconocer derechos humanos, pero los proyectos de la SCJN pretenden obligar a los estados de Sinaloa y Coahuila a legislar en un sentido específico, lo que pone en duda su libertad y representa una afectación al federalismo, la autonomía de los Estados y el reconocimiento constitucional del derecho a la vida desde la concepción.
¿De qué lado se decantará la mayoría de los ministros?
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En el Senado se pretende que hoy se discuta en el pleno y se apruebe la Ley Federal de Revocación de Mandato, aunque todo está condicionado a la reformulación de la pregunta.
Originalmente, Ricardo Monreal había propuesto en su iniciativa de ley, la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencial de la República a partir de la pérdida de confianza?
Pero no le gustó a ya saben quién y la pregunta fue descafeinada, para dejar una redacción que parece premio en lugar de castigo.
Hoy a las 09:00 horas habrá una reunión para tratar de destrabar el tema con el objetivo de discutir horas después el documento.
A ver si es cierto.
LEG