Ante la amenaza del presidente López Obrador de enviar una iniciativa de reforma electoral “para limpiar’’ al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, el TEPJF creó su propia Comisión para su Fortalecimiento.
Parece una nimiedad pero no lo es.
Se trata del primer esfuerzo serio de los siete magistrados que integran el Tribunal para hacer “una revisión integral del marco normativo e institucional interno’’ desde la fundación del organismo.
El objetivo es, según los magistrados, “fortalecer el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía e incrementar su confianza en los procesos electorales’’.
La revisión era necesaria después de los escándalos recientes en los que se vio envuelto el organismo y que pusieron en tela de juicio su imparcialidad y su autonomía.
La Comisión será presidida por la magistrada Janine Otálora y en ella participarán los seis magistrados restantes.
Los ejes rectores de la Comisión para el Fortalecimiento del Tribunal son: Una justicia electoral más abierta y ciudadana; una protección de los derechos político-electorales robusta.
Una modernización administrativa y el ejercicio eficiente de los recursos públicos; una mejora de la carrera judicial que siguen los funcionarios públicos encargados de la impartición de la justicia electoral y una profesionalización de la carrera administrativa.
El uso racional y democrático de las tecnologías de la información para una gobernanza electoral en el marco de un código de ética actualizado y la vinculación estratégica entre las distintas áreas del Tribunal.
No hay un plazo para que la Comisión para el Fortalecimiento entregue sus conclusiones pero a los consejeros, a todos, les corre prisa por recuperar la confianza ciudadana, mermada por los escándalos personales de algunos magistrados y varias decisiones colectivas que han generado las amenazas de “barrerlos’’ por parte del Ejecutivo y algunos legisladores al servicio del Presidente.
¿Bastará con que ellos mismos barran y trapeen su casa?
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Ayer por cierto fue elegido presidente del TEPJF Reyes Rodríguez Mondragón, que había ocupado de manera interina dicho puesto luego de la destitución del magistrado José Luis Vargas.
Rodríguez Mondragón tenía sobre sí, no un veto, pero sí la sombra que le provocó haber trabajado con la señora Margarita Zavala y desempeñar algunos cargos en administraciones panistas.
Ello no impidió que sus compañeros lo votaran para ocupar la presidencia; su primer compromiso fue limpiar la casa desde adentro, con recursos propios.
A ver.
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La Marina Armada de México cuenta con el aval legal para hacerse cargo de la vigilancia y operación de los puertos mexicanos.
El Senado aprobó la legislación que permite al personal de la Marina asumir funciones de seguridad pública, que correspondían a las autoridades civiles.
La propuesta fue hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la oposición de marinos mercantes y partidos políticos rivales.
La tesis presidencial es que solo la Marina podrá detener el flujo de contrabando, sobre todo de precursores químicos como el fentanilo, que son utilizados y ampliamente disputados por los cárteles de la droga.
Como sea, habrá que ver si, como aseguran los marinos mercantes, dejar en manos del personal de la Marina la administración y vigilancia de los puertos hace más lentos los trámites para el comercio o si, a partir de esta decisión, se agiliza la comercialización, la importación y exportación y si disminuye la cantidad de drogas sintéticas en el país.
LEG