Suspender una relación comercial con cualquier empresa productora de armas demanda por el Gobierno de México por el tráfico ilegal de éstas al país tendría efectos negativos en policías municipales, estatales y Fuerzas Armadas y, por lo tanto, en la seguridad de los ciudadanos, advirtió el diputado federal Salvador Caro (MC).

“Imagínate que se dejaran de utilizar los vehículos artillados, nos dejaría en una situación de vulnerabilidad respecto a las organizaciones del crimen organizado”, consideró el legislador de Movimiento Ciudadano.

Comentó que en el caso de la empresa Barret Firearms Manufacturing es un proveedor necesario de todo el aparato de defensa nacional porque particularmente en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional usan vehículos artillados que tienen armamento de esa compañía.

Además, continuó, es cierto lo que mencionaron en su momento las productoras de armamento de que no hay un Gobierno que trabaje en la prevención del ingreso de armas en la frontera norte.

“Los únicos Presidentes que hicieron un esfuerzo institucional adecuado en esta materia, fueron el presidente (Ernesto) Zedillo y el presidente (Felipe) Calderón. Ahora no hay una estrategia para que no ingresen armas, particularmente en los últimos nueve años, el control de armas ha sido muy laxo”, indicó.

El legislador puntualizó que la demanda que interpuso el Gobierno federal en Estados Unidos en contra de las armerías por el comercio ilegal hacia México –en agosto pasado–, es en realidad una “cortina de humo” pues acabará en que le pongan “letritas” de advertencia en las cajas de que se prohíbe la venta fuera del territorio estadounidense.

“Eso no tiene sentido, lo que se requiere es una estrategia muy sólida para poder vigilar el ingreso de armas en la frontera norte, la desventaja de nosotros es el tipo de mercado de armas que hay en Estados Unidos, que es un mercado muy relajado”, expuso Caro.

Este diario publicó en su edición del lunes que la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene en su catálogo de proveedores a empresas fabricantes de armas que denunció en agosto pasado en Estados Unidos.

De acuerdo con tres contratos otorgados por adjudicación directa entre 2019 y 2020, la empresa Barrett Firearms Manufacturing es una de las demandadas por el Gobierno federal, la cual le surte piezas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para refacciones que necesita el Fusil Barrett.

Ofertan armas de fuego personalizadas

Grabados, imágenes e incrustaciones forman parte de las pistolas personalizadas fabricadas por la marca estadounidense de armas de fuego, Colt.

Entre sus extravagantes modelos se encuentra la denominada “Imperio Azteca”, cuya edición limitada, se ofrece en 2 mil 500 dólares; es decir, cerca de 50 mil pesos.

Una vez en reventa, el arma puede alcanzar precios de hasta 7 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente 140 mil pesos, indicó el periodista Ariel Moutsatsos.

En agosto pasado, el Gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal.

Entre las empresas demandas están Smith & Wesson, Century Arms, Colt’s Manufacturing, Glock, Ruger y Barrett Firearms Manufacturing.

 

LEG