Un Tribunal confirmó que México no incumplió obligaciones emanadas del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) México-Francia. Foto: Archivo
Foto: Archivo. Un Tribunal confirmó que México no incumplió obligaciones emanadas del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) México-Francia  

Un tribunal internacional desestimó una reclamación por más de 120 millones de dólares de la empresa de telecomunicaciones francesa, Eutelsat, en contra de México; reclamaban presuntos actos arbitrarios por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Eutelsat perdió el caso contra los Estados Unidos Mexicanos al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) México-Francia, informó la Secretaría de Economía.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que en 2014, Eutelsat adquirió la totalidad del capital accionario de la empresa Satélites Mexicanos (Satmex), una compañía de telecomunicaciones que operaba satélites espaciales que proveían servicios en el continente americano.

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Con lo anterior, la empresa francesa se convirtió en titular de las concesiones que fueron otorgadas a Satmex para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias de México.

Ante dicho panorama, Eutelsat reclamó presuntos actos arbitrarios de la SCT, ya que se habría negado a reducir la Capacidad Satelital Reservada al Estado (CSRE), la cual estaba contenida, expresamente, en sus títulos de concesión relativa a la capacidad satelital gratuita a favor del Estado.

En ese sentido, Eutelsat acusó a México de una supuesta afectación de expectativas legítimas de inversión y por un trato injusto e inequitativo por parte de la SCT, además de que se le trató de manera discriminatoria en comparación con otras empresas.

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Sin embargo, el tribunal internacional determinó que México no incumplió con las obligaciones emanadas del A-APPRI México-Francia, por lo que desestimó las reclamaciones sobre el fondo.

En ese sentido, el tribunal arbitral condenó a la empresa con sede en París al pago de una parte proporcional de los honorarios y los gastos legales que tuvieron que realizar las autoridades mexicanas, así como a cubrir un porcentaje de los costos del arbitraje.

Finalmente, la SE puntualizó que la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, perteneciente a la Subsecretaría de Comercio Exterior, coordinó la defensa del Estado en el proceso arbitral, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial.

FF