Al castigo que ya purgan, dos amenazas más se ciernen sobre los presos de América Latina y el Caribe: la pandemia del Covid-19 bajo condiciones de precariedad extrema y los conflictos entre grupos delincuenciales al interior de los penales.
Ecuador ha sido estos últimos días el mejor ejemplo. Este fin de semana fueron atacados policías de la cárcel del puerto de Guayaquil, donde la semana pasada tuvo lugar una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina. El saldo: 119 muertos y 86 heridos. Las víctimas por amotinamiento durante 2021 en el país -hasta la semana pasada-, sumaban 118.
La crisis en Ecuador es alimentada, entre otros factores, por la violencia desatada por una guerra entre grupos criminales al servicio de cárteles del narcotráfico como los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Al escenario de extrema violencia en los penales se suma la crisis sanitaria por Covid-19.
Si para el resto del mundo el encierro como medida que ayudaría a detener la tasa de contagio fue salvación, para quienes se encontraban dentro de un sistema carcelario con sobrepoblación de 45% en las celdas solo significó agudizar la precariedad de espacio y servicios.
En AL y el Caribe la tasa de encarcelamiento es de 262 por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 145. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo arrojan que al menos 20% de los reclusos no tiene acceso suficiente a agua potable, solo 37% cuenta con jabón y 29% de la población penitenciaria no recibe atención médica, lo que deja el lavado de manos, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social como imposibilidades de puertas afuera.
LEG