Hoy más que nunca, las miradas de los sectores empresarial y político se enfocan hacia los miembros del Partido Revolucionario Institucional representados en el Congreso de la Unión, pues tienen en sus manos la posibilidad de aprobar o rechazar la iniciativa de reforma al sector eléctrico, que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la que se plantea que la CFE vuelva a tener el control de la generación y venta de la electricidad en nuestro país.
Tanto el Sol Azteca como el blanquiazul adelantaron, desde el fin de semana, que de ninguna manera darán su aprobación a la propuesta presidencial, pues de hacerlo se provocaría un daño al sector en detrimento de los consumidores, que tendrían que pagar tarifas más elevadas, además de que se privilegiaría la generación de electricidad a través de métodos que son agresivos para el medio ambiente, dejando de lado las energías limpias.
El tricolor, por su parte, se abstuvo de rechazar a priori la iniciativa, al argumentar que la van a analizar y a revisar en foros con expertos y de esta forma poder tomar una decisión, lo que deja abierta la posibilidad de que el revolucionario institucional pueda palomearla en conjunto con Morena, PT y PVEM.
La aprobación de esta propuesta requiere que dos terceras partes tanto de la cámara de diputados, como la de senadores voten a favor; sin embargo, con la actual conformación, a la coalición afín al Gobierno federal no le alcanza para sacarla adelante, por lo que necesitan del apoyo del PRI, que cuenta con 71 diputados y 13 senadores.
Los priistas podrían ser el fiel de la balanza. ¿Venderán caro su apoyo al Gobierno federal?.. ya lo veremos a su debido tiempo.
INFORME DE MÉXICO EVALÚA
Desde 2013, México Evalúa, presidido por Edna Jaime, presenta anualmente Hallazgos: una evaluación integral de la operación del sistema de justicia penal en el país, misma que dará a conocer este martes.
Como parte de su octava edición sobre los esfuerzos para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio en México, se han enfocado mayormente en las fiscalías y procuradurías, instituciones responsables de formular una acusación en el proceso penal.
Sin embargo, en las defensorías públicas la historia es completamente distinta pues no han habido planes ni acciones para compensar las limitaciones que presentan en cuanto a capacidades y recursos.
¿Qué dicen los datos sobre las defensorías públicas?
Las defensorías públicas reciben en promedio sólo ocho centavos por cada peso que reciben las fiscalías de presupuesto.
A nivel nacional, cada defensor público representa en promedio a 37 personas imputadas. Nuevo León es la entidad donde las y los defensores tienen una mayor carga de trabajo, con 196 personas representadas, seguida del Estado de México, con 107 personas por defensor. Esta asimetría de condiciones revela que se pone en riesgo la defensa penal efectiva, el debido proceso y anula la posibilidad de que las personas tengan un juicio justo.
Habrá que seguir muy de cerca los demás datos que revele este ejercicio pues seguramente dará mucho de qué hablar.
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@JuanMDeAnda