El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados aseveró que la obligatoriedad en la miscelánea fiscal 2022 para que los jóvenes a partir de los 18 años se inscriban en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es terrorismo fiscal.
El coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, añadió que, de no modificarse esta nueva disposición, su bancada “difícilmente” va a ir a favor del dictamen.
“Es un atentado contra todos los jóvenes en este país, es generarles una carga cuando ellos no tienen ingresos.
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“Nos parece casi inverosímil que no se está tratando el tema en la opinión pública, si no lo decimos va a pasar desapercibido y el 1 de enero todos los jóvenes que en ese momento tengan 18 años, con otra actividad que no es remunerada, van a ser captados por el SAT con esta obligación que se nos hace de burocracia excesiva”, expuso Moreira.
El diputado Hiram Hernández (PRI) dijo que les preocupa que a los jóvenes se les pueda imponer una multa de entre tres mil 800 y 11 mil 600 pesos, aunque el propio ordenamiento propuesto no prevé la obligatoriedad para que los jóvenes tengan que pagar impuestos.
“Los expertos fiscales han señalado que esta propuesta en realidad tiene otro objetivo, ya que queda abierta la posibilidad de que el SAT pueda rastrear sus actividades y exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales.
“Así, por ejemplo, los mayores de edad que tendrían que explicar de dónde proceden los depósitos superiores a los 15 mil pesos que reciban en sus cuentas bancarias”, dijo Hernández.
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Puntualizó que el propio SAT ha señalado que en el caso de los contribuyentes con RFC, las transferencias que realicen entre sus propias cuentas pueden ser objeto de fiscalización y pueden ser consideradas como ingreso gravable.
Y para demostrar que no se trata de un ingreso, sino de un traspaso, tendrán que presentar copia del recibo donde se detalla el monto de la transferencia; cuenta desde donde se realizó el depósito; forma de pago; el número de cheque o reporte de la transferencia; nombre y número de la cuenta bancaria a nombre del cliente; una prueba pericial contable donde se verifique el registro de cada operación y la correspondencia de cantidades entre cuentas bancarias que demuestren que no se incrementó el patrimonio del cliente.
La diputada Blanca Alcalá (PRI) añadió que el PRI no se opone a que se amplíe la base del contribuyente, siempre y cuando no se esté simulando, ni esté afectando, a quienes no están vinculados con una actividad productiva de manera permanente.
“Nos parece de lo más delicado el que se trate de incorporar de manera obligatoria a quienes, como aquí se ha señalado, no están realizando actividades productivas de manera permanente”, dijo.
FF