El grupo mayoritario de socios de La Cooperativa Cruz Azul presentó pruebas que acreditan la resolución ilegal de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, sobre la solicitud de amparo que señala la ilegalidad de la Asamblea General de Accionistas de La Cruz Azul del 29 de septiembre de 2018, por lo cual interpuso un Recurso de Revisión contra dicha determinación, y exigió al presidente de la SCJN, Arturo Záldivar, que se haga justicia y cumpla su palabra contra la corrupción e impunidad.
Los socios mayoritarios exhibieron que la citada resolución de los magistrados viola el Artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; los artículos 16, fracción X, y 40 de la Ley General de Sociedades Cooperativa, así como los artículos 29.1, 29.2 y 29.3 de las bases constitutivas de la Cooperativa.
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Ello, afirmaron, porque la Asamblea de septiembre de 2018 se realizó en el Centro de Convenciones Auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, y no en los domicilios oficiales que obliga la ley y las bases para este tipo de asambleas. “Sabedores de que estaban incurriendo en una ilegalidad, los convocantes omitieron deliberadamente precisar en la convocatoria el lugar preciso en donde se realizaría el evento”, apuntaron.
Precisaron que el propósito de que dichas asambleas se realicen en los domicilios oficiales, es para prevenir cualquier tipo de abuso por parte de grupos minoritarios que busquen atentar contra el sentido colectivo y democrático en la toma de decisiones, mediante acciones clandestinas, como lo hizo el grupo encabezado por José Antonio Marín y Víctor Velázquez.
El grupo mayoritario aseguró además que la Asamblea se debió realizar en las oficinas generales con residencia en la Ciudad de México; en la planta industrial, ubicada en Cd. Cooperativa Cruz Azul, municipio de Tula de Allende en el Estado de Hidalgo, o bien en la planta industrial de Lagunas, municipio del Barrio de la Soledad, Estado de Oaxaca.
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Por ello, los socios dejaron claro que los magistrados ignoraron abiertamente esos argumentos, y validaron la corrupción e impunidad de los intereses de unos cuantos en perjuicio del bienestar de 17 mil familias de socios cooperativistas y trabajadores de La Cruz Azul, quienes han sido víctimas de la ambición de directivos que han privilegiado sus intereses de grupo, a costa del objetivo social y comunitario de La Cooperativa.