En la década de los noventa sucedieron dos hechos que marcaron a la industria eléctrica para ser como hoy la conocemos.

Uno, fue muy afortunado y le dio en aquel momento la oportunidad a México de poder firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante la garantía de que las industrias que se establecieran en el país para exportar tendrían la energía eléctrica suficiente y al mejor precio disponible.

El otro, fue el inicio de un daño a las finanzas, tanto públicas como de la Comisión Federal de Electricidad, que además abrió la puerta para normalizar la violación de las leyes como un mecanismo legitimado por la lucha social.

El primer hecho, el positivo, se dio el 23 de diciembre de 1992, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que permitieron la creación de los Productores Independientes de Energía.

El segundo hecho, muy negativo, se dio después de que Andrés Manuel López Obrador perdiera las elecciones para gobernador de Tabasco, no reconociera los resultados y emprendiera un movimiento de resistencia política que incluyó entre otras medidas, tomar pozos petroleros de Pemex e incitar a la población a que dejara de pagar los recibos de la luz.

No hubo manera de que regresara el Estado de derecho a Tabasco y solo hasta que el promotor de estos delitos llegó a la presidencia se resolvió tras la pérdida de 11 mil millones de pesos con cargo a la CFE y a las finanzas públicas.

El daño llegó más allá con el ejemplo de que era legítimo robarse la luz y no recibir castigo, porque los delitos se podían disfrazar de causas políticas del pueblo bueno. El catálogo de infracciones legales creció desde entonces.

La semilla de las inversiones privadas en el sector eléctrico requirió de muchos cuidados, de fuertes inversiones. La reforma constitucional en materia energética de 2013 permitió robustecer a este sector que daba garantías de contar con energía suficiente para mantener la vocación industrial mexicana, el crecimiento de los servicios y la generación de energías limpias que sean compatibles con los lineamientos políticos de los países desarrollados.

Pero la otra semilla tuvo más éxito hasta crecer hoy como una hiedra alimentada por un discurso de división y abonada con un recuerdo del pasado estatista, que amenaza con devorar lo que se ha logrado en el sector energético del país.

Este es el cruce de caminos más importante que ha tenido el país en décadas. La destrucción que se pretende del sector energético con la contrarreforma presidencial va más allá de un daño económico profundo irreversible, marcaría un giro hacia una forma de gobernar en la que se eleve al rango constitucional esa forma de pasar por arriba de quien sea y de lo que sea en el nombre de la lucha social, hoy de la Cuarta Transformación.

Si la contrarreforma energética consigue los votos necesarios nada impide que la siguiente parada sea echar abajo el sistema electoral con el Instituto Nacional Electoral a la cabeza y de ahí en adelante, ya sin ningún límite.

@campossuarez