REGINA CRESPO

 

Según el artículo 231 de la Constitución brasileña de 1988, “se reconoce la organización social, las costumbres, lenguas, creencias, tradiciones y los derechos originarios de los indios sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente. Es competencia de la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes”.

Aunque el texto afirma que esas tierras “son inalienables” y “los derechos sobre ellas inextinguibles”, las acciones contra la demarcación y protección del territorio indígena ha crecido de manera alarmante en el país, principalmente en el Gobierno de Jair Bolsonaro. Los opositores a los derechos de los indios pretenden simplemente cambiar la constitución. Defienden la creación de un “marco temporal” con el cual quieren justificar que los indios sólo pueden reivindicar como suyas las tierras que ya ocupaban el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución. El Supremo Tribunal Federal está revisando la aprobación de este “marco temporal”. Centenares de indios de varias regiones del país viajaron a Brasilia y permanecen acampados en espera. El tiempo urge, pero la justicia es lenta.

Mientras tanto, el Congreso ya aprobó el proyecto de ley 490, que abre la posibilidad de revisión del usufructo exclusivo de las tierras por los indígenas e impone el “marco temporal” y exige su presencia física en los territorios demarcados el 5 de octubre de 1988. También prohíbe la ampliación de las áreas ya demarcadas e indica que en los procesos de demarcación intervengan conjuntamente los gobiernos de los estados y municipios. Asimismo, permite confiscar áreas destinadas a los pueblos indígenas, abre espacio a la explotación económica (agronegocio y turismo) y la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas en esos territorios, sin la necesidad de consultar a los pueblos nativos en la región.

Es ocioso decir que el proyecto de ley se aprobó ignorando los ruegos de diálogo con el movimiento indígena, que ni siquiera ha sido escuchado. Sus protestas han sido reprimidas con golpes y bombas de gas lacrimógeno.

En el presente contexto de inestabilidad -al que Bolsonaro ha contribuido de manera eficaz, con sus agresiones al Supremo Tribunal Federal, amenazas de golpe de Estado y una política clientelar y caciquil hacia un Congreso dominado por los sectores fisiológicos del grupo conocido como “Centrão”-, el proyecto de ley 490 representa una afrenta del congreso a las decisiones del Supremo Tribunal Federal.

Es evidente que, si se aprueba, el proyecto impedirá la demarcación de tierras indígenas y, con esa agresión a los pueblos originarios, abrirá paso a la completa destrucción del medio ambiente del país.

Sin duda, esta política concertada de explotación llevada a cabo por el gobierno de Bolsonaro representará un enorme deterioro social y ambiental. Con ella, el Gobierno brasileño no sólo arrasa con la naturaleza y la vida de sus pueblos indígenas, sino que contribuye a la destrucción del futuro del país y del propio planeta.

 

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