Desde que el régimen del dictador Omar Hasán Ahmad al Bashir fue derrocado en 2019, tras cuatro meses de protestas, Sudán se encuentra inmerso en un proceso de inestabilidad social y política mientras atraviesa por su periodo de transición a la democracia, marcada por divisiones y luchas de poder.
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Al entrar en este proceso, en el país se implementó un gobierno cívico-militar que tomaría el mando mientras los sudaneses se preparaban para sus primeras elecciones democráticas en 2023, las primeras en 30 años.
Ayer, el general Abdel Fattah al Burhan, al frente de esa administración, comenzó lo que ya fue denunciado por la comunidad internacional como un golpe de Estado por etapas, al disolver la formación del gobierno provisional y decretar el estado de emergencia; mientras tanto, el primer ministro, Abdalla Hamdok, su esposa, y el resto de los miembros civiles del Consejo Soberano -mayor autoridad de la transición-, fueron detenidos.
Momentos después del anuncio del jefe del Ejército, el llamado a la desobediencia civil y la huelga general por parte de activistas prodemocracia y la misma oficina de Hamdok llevó a la gente a las calles de Jartum, capital de Sudán, de la misma forma que lo hizo en 2019. El saldo hasta ahora es de 3 muertos a manos de los militares y más de 80 heridos.
En el panorama internacional, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condenó los hechos y expresó que las acciones del militar “ponen en peligro los importantes progresos realizados hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos”.
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Por su parte, Estados Unidos anunció la suspensión de una ayuda financiera de 700 millones de dólares a Sudán, y exigió a los responsables militares la liberación de los actores políticos capturados.
LEG