La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades financieras por 104 millones de pesos en la operación de programas sociales del Gobierno autoproclamado de la cuarta transformación.
De acuerdo con la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública 2020, la Secretaría de Bienestar no comprobó la utilización de siete millones 68 mil pesos del apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras, que antes era conocido como Estancias Infantiles; además de 96.9 millones de la Pensión para Personas con Discapacidad.
En la fiscalización 310-DS, descubrió que se entregaron apoyos a cinco mil 393 beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, pese a que su Clave Única de Registro de Población (CURP) era “inactivo o no válido” siendo éstas un elemento de los requisitos de acceso al programa”.
Además, otras mil seis personas con discapacidad accedieron al programa sin estar inscritos en el Registro Nacional de Población (Renapo); es decir, sin tener CURP.
La auditoría también encontró sobrepagos hasta de seis bimestres a 142 personas; en 28 casos se observaron registros duplicados; entrega de apoyos a 984 personas fallecidas, así como falta de documentos de 140 ciudadanos para verificar que cumplen con los criterios de elegibilidad.
Respecto a la observación por siete millones 68 mil pesos al programa de apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras, la ASF detectó que se otorgaron apoyos fantasmas a 114 madres, de mil 293 niños, sin contar “con la CURP ni documentos que los identifique, tales como credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago”.
OPORTUNIDAD DE RÉPLICA
La Secretaría de Bienestar, a cargo de Javier May, tiene 60 días para solventar las observaciones; de lo contrario, la ASF iniciará un proceso que podría derivar en una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque no fue incluida en la auditoría, en abril de este año, este diario publicó que la Pensión para Adultos Mayores presentaba irregularidades porque sumados los beneficiarios que cobran por tarjeta de débito con los que lo hacen por ventanilla y mesa dan un total de ocho millones 264 mil 956 personas a las que se entrega el apoyo.
Sin embargo, el padrón que manejan es de ocho millones 47 mil 4 personas, por lo que existe una diferencia de 217 mil 952 beneficiarios, que representan 588 millones de pesos bimestrales.
Y sin acreditar destino final de oncológicos
Por: Karina Aguilar
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la Cuenta Pública 2020 -año en que se denunció la escasez de medicamentos oncológicos para menores- que los hospitales Regionales de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Oaxaca no acreditaron el destino final de medicamentos oncológicos y el Insabi no ha pagado 48 millones de pesos al Centro Oncológico Internacional.
En medio de la pandemia por Covid-19, padres de niños con cáncer protestaron por el desabasto y lento suministro de fármacos oncológicos, incluso en la ciudad de Oaxaca, en noviembre de 2020, bloquearon el acceso al aeropuerto internacional en demanda de tratamientos para sus hijos; denuncias que fueron confirmadas por el informe de la ASF.
De acuerdo con la segunda entrega de resultados de la ASF, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca no acreditó el suministro de seis tipos de oncológicos como: lenalidomida, pegfilgrastim, bevacizumab, pertuzumab, y trastuzumab.
En tanto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca no acreditó el destino final de 4 mil 259 unidades de 24 medicamentos oncológicos.
La ASF también dio cuenta de que el Insabi tiene pendientes de conciliar y pagar intervenciones devengadas en el ejercicio 2019 de 620 casos por 9.2 millones de pesos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y 2 mil 303 casos por 48.6 millones de pesos en el COI Centro Oncológico Internacional S.A.P.I. de C.V.; “cabe señalar que dichos recursos no forman parte de la relación de recursos pendientes de transferir por 16.9 millones de pesos”.
Y es que de acuerdo con la ASF, el Insabi tiene pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 16.9 millones de pesos correspondientes a intervenciones realizadas por unidades médicas y prestadores de servicios médicos en 9 entidades federativas.
Falta control en apoyos al campo
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras por 82.1 millones de pesos en el programa de Fertilizantes, uno de los apoyos insignia para el campo.
Según el documento, entregado a la Cámara de Diputados, se identificaron “debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del programa en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
“No se establecieron las actividades, procesos ni la asignación de responsabilidades, segregación de funciones y delegación de autoridad entre los servidores públicos de la unidad administrativa, dependencias e instituciones que intervinieron en la operación y cumplimiento de los objetivos”, indica la fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 202.
A su vez, tampoco se establecieron “los mecanismos de control, supervisión y seguimiento que aseguraran que los fertilizantes se entregaron a los beneficiarios”.
La mayor irregularidad fue porque no se acreditó con documentos la entrega de 123 mil 118 sacos de fertilizantes a productores de varios estados.
La Sader cuenta con 30 días hábiles para solventar las irregularidades financieras detectadas por la auditoría.
Piden comparecencia de Colmenares
La diputada federal Inés Parra (Morena) pidió la comparecencia del auditor superior de la Federación, David Colmenares, para que explique la remodelación a su oficina que tuvo un costo al erario de más de dos millones de pesos.
La legisladora, quien es secretaria en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, acusó a sus compañeros de partido de impedirle intervenir en la presentación que hizo Colmenares del segundo informe de la Cuenta Pública 2020.
Al finalizar su intervención ante la Comisión, el auditor superior no se detuvo para dar declaraciones a los medios de comunicación, fue rodeado por personas que le ayudaron a llegar hasta el elevador y ante la insistencia por una explicación de la remodelación de su oficina solo dijo que era falso a pesar de la existencia de documentos oficiales que dan cuenta de los contratos.
Parra exigió también que el titular de la ASF entregue un informe técnico que sustente la razón de la millonaria remodelación de su oficina.
LEG