El próximo miércoles concluye el plazo que la Fiscalía General de la República pactó con Emilio Lozoya Austin para que ofrezca pruebas que involucren a sus superiores en el caso de los sobornos de Odebrecht y la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

Lozoya está en calidad de testigo colaborador, pero su estatus legal puede cambiar si pasado mañana no entrega las pruebas que ofreció para inculpar a personajes de mayor jerarquía en el caso de la constructora brasileña.

No se exagera si se dice que en el caso Lozoya se juega su credibilidad el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Se quiera o no Gertz tiene en sus manos la suerte no de Lozoya sino la verosimilitud de la estrategia anticorrupción del Gobierno de López Obrador.

Presionado por la fotografía en la que se ve a Lozoya cenando en un restaurante de lujo pero sobre todo por la comparecencia del Presidente de México ante las Naciones Unidas para hablar precisamente sobre el combate a la corrupción, Gertz deberá aplicar con singular tacto la ley en este caso.

Que se sepa, hasta el momento Lozoya no ha aportado mayores pruebas que sus dichos en contra de algunos exsenadores panistas y uno priista como beneficiarios de los sobornos de Odebrecht a cambio de que aprobaran la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Sus afirmaciones solo han arrojado la detención del exsenador Jorge Luis Lavalle, a pesar de que Lozoya señaló a 17 personajes de alto perfil como involucrados directos en la trama de los sobornos.

Como sabe, la calidad de testigo protegido o colaborador se concede a cambio de que el inculpado aporte información fidedigna que involucre a sus superiores en determinado delito.

El estatus del indiciado solo puede cambiar si no aporta la información que dijo tener cuando solicitó el beneficio de ley.

Lozoya fue detenido en Málaga en febrero del 2020; el 17 de julio de ese año fue repatriado a México, pero no ha pisado un juzgado ni ha estado frente a un juez porque fue internado en un hospital privado y sus comparecencias en los juzgados han sido de manera virtual.

El enojo de la sociedad y del propio López Obrador después de ver la fotografía que se viralizó puede hacer que el guante de seda con el que ha sido tratado el exdirector de Pemex cambie a ser, simplemente, mano dura.

Veremos.

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La semana pasada publicamos en este espacio una columna con el título La Tarifa de Bartlett, que cuestionó la viabilidad de una tarifa única de cobro en todo el país sí se aprobaba la contrarreforma eléctrica de López Obrador.

No se dijo una mentira, se argumentó una tesis, pero al vocero de la CFE le pareció casi un insulto.

Se publicó su réplica, al día siguiente, en las páginas de este diario, pero como al parecer no le fue suficiente, subió un tuit con la misma carta pero dirigida “a la opinión pública’’.

No es nuestro estilo generar ni participar en debates vanos; la carta no ofreció argumentos sino dogmas.

No es nuestro deber adoctrinar, como quiere el vocero de la CFE, sino ofrecer elementos de juicio a los lectores, que pueden o no estar de acuerdo, ni establecer una verdad única.

Y como sabemos que el licenciado Manuel Bartlett tiene asuntos mucho más importantes que debatir una opinión -a menos que la quiera monopolizar como a la CFE-, por nuestra parte no discutiremos más del tema.

(A ver si no merecemos aparecer en el show cómico-mágico-musical de la mañanera el miércoles).

LEG