EVA LETICIA ORDUÑA TRUJILLO

En días recientes se cumplieron 32 años del episodio conocido como “agosto negro”, cuyos acontecimientos tuvieron lugar en la Ciudad de Guatemala entre el 21 de agosto y el 10 de septiembre de 1989. Durante este lapso, 10 líderes estudiantiles de la Universidad de San Carlos fueron secuestrados. Seis de ellos fueron encontrados muertos días después, cerca de la Universidad, con signos de tortura. Los cuatro restantes continúan desaparecidos.

La comunidad académica de la USAC, a lo largo del conflicto bélico, sufrió de manera intensa la represión por parte del régimen militar. No sólo los individuos fueron objeto de agresiones, también lo fue la Universidad como institución, desde el gobierno militar se le catalogó como centro de subversión.

En el tiempo del “agosto negro” Guatemala se encontraba formalmente en un gobierno democrático. No obstante, los asesinatos y las desapariciones forzadas que se realizaron entonces demuestran la continuidad que hubo del poderío del régimen militar.

La atención que tuvo el caso muestra también las posibilidades abiertas a través de la justicia transicional. A menos de un mes de realizado el último secuestro, el 6 de octubre de 1989, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que investigara los acontecimientos.

En el informe presentado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala (caso ilustrativo No. 30), se registra el caso de la siguiente manera: “los estudiantes fueron víctimas de un operativo de inteligencia militar, en el que participaron agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia”.

El caso presentado ante la Comisión Interamericana se resolvió a través de una solución amistosa entre el Estado y los peticionarios, celebrada el 2 de mayo de 2005. Esto evitó que se iniciara un procedimiento ante la Corte Interamericana. Pero 16 años transcurrieron para esta solución, lo que denota, además de la lentitud del procedimiento llevado a cabo por la Comisión, la determinación de las organizaciones y de los familiares de las víctimas para obtener justicia.

El 14 de agosto de 2020, la Comisión realizó la última revisión de los puntos acordados a través de la solución amistosa. Concluyó que el Estado guatemalteco había cumplido con cinco de los seis compromisos que adquirió. La investigación y sanción de los hechos es el que falta por cumplir.

Podría pensarse que a más de 32 años de ocurridos los ilícitos, las pruebas pudieron haber desaparecido y la obtención de justicia se torne imposible. No obstante, los logros que se han registrado en Guatemala en materia de justicia transicional podrían servir, de existir la voluntad, para llegar a resultados favorables. Los diversos documentos relacionados con el caso que se han encontrado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional constituyen un material probatorio importantísimo que podrían ayudar, como lo han hecho en otros, para el esclarecimiento y el establecimiento de responsabilidades por los ilícitos de “agosto negro”.

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