El Instituto Nacional Electoral (INE) había apostado por la tecnología en la recolección de firmas para la revocación de mandatos a fin de evitar trampas que se cometen con gran facilidad en los formatos de papel.

Creó una aplicación que garantizaba la seguridad del proceso y la protección de los datos personales recabados.

Esta aplicación, que cualquiera de los miles de promoventes de la consulta para revocación de mandato puede tener en un teléfono inteligente con una memoria de 2G facilitaba, además, el proceso pues la información obtenida se descargaba directamente a una base de datos que los procesaba.

En pocas palabras, eficientaba el proceso y garantizaba su limpieza.

Y aunque la estrategia del INE privilegiaba el uso de la plataforma, no se descartaba del todo la aplicación de formatos de papel, pero los limitaba a 204 municipios, sobre todo a aquellos en los que el servicio de internet no existe o es muy deficiente.

Todas estas consideraciones no fueron suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara la estrategia.

El TEPJF ordenó la aplicación de los cuestionarios por escrito, con todo lo que ello implica: la fotocopia de la credencial de elector del ciudadano que apoya la consulta, la identificación de quién o quiénes levantan la información, el cotejo de la información contra el padrón electoral, la comprobación de la veracidad de las firmas, etcétera.

La decisión del Tribunal no solo aletargará el proceso sino que lo encarecerá al requerir mayores recursos humanos y materiales para el cotejo de la información.

Pero lo más importante, es que abre la puerta otra vez para la trampa y la simulación que, se ha demostrado, los partidos políticos y sus seguidores aplican sí o sí independientemente de la franquicia que ostente el poder.

¿Se acuerdan cuando el presidente López Obrador presumió un trapiche -un molino de piedra tirado por una mula o un caballo- y dijo que eso era lo que había que apoyar?

Pues ayer el Tribunal creó su propio trapiche.

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La negativa del Consejo Político Nacional del PRI para conceder “permiso temporal a su militancia’’ al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, pondrá a prueba la integridad política del aspirante a embajador en España.

Puede que haya quien diga que la negativa del CPN del tricolor no tiene ninguna importancia y Quirino será embajador, si él quiere, pero no es tan sencillo.

De entrada, la fracción del PRI en el Senado, en donde comparecen los candidatos a embajadores, votará en contra y quién sabe si los votos de la oposición en Comisiones le alcancen para pasar al pleno.

Aún si ganará en las Comisiones, el debate sobre su actuar en la pasada elección en donde cerró los ojos ante las innumerables anomalías registradas para favorecer a Morena, sería histórico.

Pero ¿qué puede perder el sinaloense si ya es un apestado en el PRI? ¿Por qué no renunciar a su militancia y aceptar la beca que le regala López Obrador por sus servicios prestados a Morena?

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El muy ambicioso Jaime Bonilla dejó un tiradero en Baja California, según las declaraciones de la nueva gobernadora Marina del Pilar Ávila.

De entrada dijo que el estado tiene un déficit en seguridad -los datos lo corroboran- y que se descuidó a las Policías locales a las que ahora hay que equipar y pagar adeudos.

Y desde luego, la situación de las finanzas estatales que están para asustar a cualquiera, sea día de muertos o no.

Por cierto, la foto de la gobernadora conviviendo con Jorge Hank Rhon y su familia fue un mensaje para el futuro integrante del gabinete presidencial.

LEG