El encarcelamiento de Emilio Lozoya Austin debería precipitar la conclusión de uno de los mayores actos de corrupción en el México moderno.
Lozoya podría tener en sus manos una auténtica bomba política…o un petardo.
El exdirector de Pemex tuvo casi año y medio para recabar las pruebas que involucraran a sus superiores en el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht.
Pero no lo hizo probablemente por dos razones: porque no las tiene o porque el pacto con el grupo político al que sirvió y del que se benefició, según la investigación de la FGR, no se puede romper.
Preso de manera preventiva -el juez estimó que tiene los contactos y el dinero para darse nuevamente a la fuga-, Lozoya deberá meditar qué es lo que le conviene para no verse como una segunda versión de la exsecretaria Rosario Robles.
¿Tiene pruebas fehacientes de la participación de Enrique Peña y Luis Videgaray en la trama o solo sus dichos? ¿Hay correos incriminatorios, fotos o videos, llamadas grabadas, terceros que puedan corroborar sus señalamientos o todo el país debe creerle como una profesión de fe?
Los abogados del exfuncionario tienen un plazo de 30 días para conseguir el mayor número de pruebas de descargo antes de que el juez de la causa de por terminada la investigación complementaria y comience el juicio por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
En esos 30 días Lozoya podría agregar más nombres a la lista de 17 que dio en su declaración original; si fue o no “instrumentalizado’’ para concretar el soborno de la empresa brasileña, tiene ahora la oportunidad de denunciar a quién o quiénes se aprovecharon de su inocencia.
La gran pregunta es si lo hará.
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Usando como pretexto la promoción de la consulta de revocación de mandato, los coordinadores parlamentarios de Morena, Verde Ecologista y PT en la Cámara de Diputados decidieron posponer para el 15 de abril próximo la discusión sobre la contrarreforma energética pretendida por el presidente López Obrador.
Los líderes aseguraron que se dedicarán a promover en todo el país la consulta de revocación -ratificación dicen ellos-, como si en ello les fuera la vida.
La orden de priorizar la consulta fue enviada desde Palacio Nacional; imposible pensar que los diputados lo hicieran de mutuo propio sabiendo el interés de López Obrador por devolver el monopolio de la electricidad a la CFE.
¿Qué cambió para que se tomara la decisión?
Un detalle que puede dar luz es que la recolección de firmas en los primeros cuatro días de este mes, cuando inicio el plazo legal, es ínfima.
Ni los partidarios de Morena saben bien a bien qué es lo que van a votar por lo que se organizarán brigadas para ir casa por casa tratando de convencer a la ciudadanía de firmar para que la consulta se haga.
Al final parece que no tendrán problemas para juntar los 2.8 millones de firmas necesarias para que se convoque a la consulta; lo difícil será hacer participar a 40 millones de mexicanos en un ejercicio inútil, pero que será utilizado para presumir que “la mayoría’’ quiere que se quede ya saben quién.
Esa es la causa…y el riesgo.
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El evento deportivo fifí por antonomasia, la carrera de Fórmula 1, dio ayer una probadita de lo que será este fin de semana la capital.
Criticado por Claudia Sheinbaum por clasista, ahora se espera como a Santa Claus por la derrama económica que dejará en las arcas capitalinas.
LEG