Claudia E. Maya
La reciente Conferencia en Glasgow, Reino Unido, sobre Cambio Climático, organizada por la Naciones Unidas y conocida como COP26, se ha convertido en el centro de atención mundial. Miles de delegados gubernamentales y representantes de la sociedad civil, empresas y prensa se dieron lugar para impulsar acciones “a favor” del cambio climático, salvaguardar el medio ambiente y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos los países miembros deben adoptar.
Llama la atención la presencia de representantes de grandes firmas financieras que gestionarán 130 mil millones de dólares para el combate al cambio climático, lo que representa alrededor de 40% de los activos financieros del mundo. La participación de estas empresas financieras, en su mayoría los grandes fondos de inversión estadounidenses y europeos, seguirán lineamientos que permitan, en teoría, alcanzar, las emisiones netas cero en 2050 y los objetivos de intermedios de reducción de 50% en 2030.
Lo anterior pone de relieve un importante cambio en el modelo de negocios de los grandes bancos y fondos de inversión impuesto por el proceso de financiarización. Este sostiene que los objetivos de desarrollo sustentable se pueden lograr colocando las finanzas privadas y la dinámica de los mercados financieros en el centro de los procesos de financiamiento al desarrollo, desplazando el rol del Estado y el recurso público para tal efecto.
De esta manera, se argumenta de forma oficial que la securitización o titulación de activos será necesaria y utilizada como mecanismo de financiamiento de la infraestructura verde para cumplir la Agenda 2030. Esta iniciativa es promovida por los inversionistas institucionales para poder ampliar la capacidad de financiamiento a través de la privatización de la infraestructura de los países subdesarrollados en particular. El proceso de securitización permite la transformación de activos no líquidos en activos líquidos en un corto período, permitiendo una rentabilidad a corto plazo. La titulización distribuye el riesgo entre los compradores y ahora se pretende que estos activos sean respaldados por los gobiernos.
Desde nuestro punto de vista, este nuevo modelo de financiamiento al desarrollo sostenible afecta los programas de fomento económico de los países, particularmente en el sur global. El aumento de la inversión privada bajo el esquema de financiarización cambia el significado de desarrollo y bien común en favor de la búsqueda constante de rentas financiaras crecientes.
La nueva modalidad de financiamiento privado a través de fondos de inversión reduce la capacidad de los gobiernos de diseñar políticas económicas en función de fortalecer los mercados domésticos, generar empleos y reducir la pobreza y desigualdad, pues el modelo de financiamiento al cambio climático requiere de las más terrible y cruel herramienta de política económica: la austeridad.
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