Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, deberá presentarse físicamente el próximo 31 de enero a las 9:00 horas a la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte.
El panista es acusado por los probables delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
En videoconferencia, que tuvo una duración de 23 minutos, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control, aceptó la petición de Eduardo Aguilar Sierra, abogado del exlegislador, de diferir la audiencia 40 días.
El litigante, acompañado del panista, manifestó que debían revisar la carpeta de investigación que consta de más de 137 mil fojas.
Aguilar Sierra aseveró que la acusación es absurda y completamente falsa: “Necesito tiempo para demostrarlo”, dijo. En su intervención, el juez resaltó que en caso de no asistir a la audiencia, la FGR podrá ejercer su facultad para hacer uso de cualquier medio y presentarlo ante la justicia.
El juzgador recordó que el 5 de noviembre se resolvió que era improcedente el recurso para tratar de aplazar la audiencia por existir dos diferimientos, pero la defensa detalló que solamente fue en agosto.
El juez puso a consideración de los fiscales si se oponían o no a la petición del abogado, a lo que expresaron que no había inconveniente; la misma respuesta dieron los miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los representantes jurídicos de la Cámara de Diputados.
Fuerte Tapia refirió que para que no se afecte el debido proceso y a petición de la defensa y sin oposición de la FGR, reprogramó la audiencia.
Al concluir, el juzgador le cuestionó al político si quería hacer alguna manifestación y respondió: “Nada, su señoría”.
Los señalamientos derivan de la denuncia presentada por Emilio L., extitular de Pemex, el 11 de agosto de 2020 contra diversos funcionarios.
LEG