El bono de riesgo para ministros, magistrados y jueces que incluyó el Poder Judicial de la Federación en su presupuesto y que ascendía a mil 103 millones de pesos no tenía sustento en ninguna disposición constitucional o legal, aseveró la diputada federal Brenda Espinoza López (Morena).
Durante el debate por las reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, la legisladora enfatizó que “no existe un dispositivo legal que obligue a que la ciudadanía les pague esa cantidad de dinero”.
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Entre las reasignaciones del presupuesto que hicieron los diputados al proyecto que recibieron del Ejecutivo sobresale el recorte al Instituto Nacional Electoral (INE) por cuatro mil 913 millones de pesos, pero también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvo una disminución de dos mil 935 millones de pesos.
Este diario publicó el pasado 26 de octubre que de acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se preveía otorgar dicho bono de riesgo a mil 602 servidores públicos de alto mando.
El desglose detalla que se entregarían 639 mil 917 pesos a cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a los seis integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que suma siete millones 39 mil pesos.
A su vez, 919 magistrados de circuito tendrían 722 mil 259 pesos cada uno, es decir, 663 millones 756 mil pesos en total.
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Mientras que los 666 jueces de distrito obtendrían 644 mil 347 pesos cada uno, lo que representan 429 millones 135 mil pesos.
Dicha prestación se otorga anualmente a los juzgadores federales del país debido al riesgo contra su vida que representa desarrollar su labor.
LDAV