La revocación de mandato está a punto de naufragar no solo por el recorte presupuestal del INE (4,913 millones de pesos), sino porque la Ley que rige el ejercicio presuntamente ciudadano está impugnada en la Suprema Corte por la oposición.

Lo curioso del tema es que no son los consejeros del INE ni la oposición sino los propios morenistas quienes parecen estar empeñados en reventar la consulta o demeritarla de tal suerte que sus resultados y organizadores puedan ser cuestionados.

Para la revocación de mandato y la consulta popular el INE solicitó 5,743 millones de pesos; nada más la revocación implicará un gasto de 3,830 millones de pesos.

Es decir que el instituto tendrá 830 millones de pesos para tratar de completar ambos ejercicios que requieren el despliegue de cientos de miles de personas y equipamiento similar al de una elección federal intermedia.

No se podrá con ese presupuesto por lo que el INE prepara un recurso que presentará ante la Corte para que tenga la última palabra.

Si la Corte, como es de suponerse, falla a favor de los diputados -los únicos con facultades para legislar sobre presupuesto- el INE deberá recortar los alcances de la consulta.

La Corte también deberá decidir sobre la impugnación de la oposición a la Ley de Revocación de Mandato, principalmente al tema de la pregunta.

Morena logró que en el Senado se aprobara una pregunta tramposa que, según la oposición, viola lo establecido en el artículo 35 constitucional.

Dicho artículo no establece más que la opción de votar sí o no a la revocación, pero Morena amplió y adicionó la pregunta a esto: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
Las posibles respuestas son estas:

Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza.

Que siga en la Presidencia de la República.

¿Hay trampa sí o no?

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En un hecho inédito -histórico si se quiere-, por primera vez en el país los tres Poderes de un estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- son encabezados por mujeres.

Chihuahua no solo tiene a una gobernadora, María Eugenia Campos, también la presidencia del Congreso local recae en una mujer, Georgina Bujanda y el fin de semana pasado fue votada por unanimidad como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta.

La nueva presidenta del poder judicial en el estado fue la única propuesta de todos los magistrados y por ende fue votada unánimemente para hacerse del cargo.

Ahora sí que Chihuahua, sin andar presumiendo la igualdad de género y otros temas relacionados, le dio un ejemplo a quienes hablan mucho y hacen poco en pos del equilibrio entre hombres y mujeres.

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Una muy interesante alianza se dio este fin de semana en Quintana Roo de cara a la elección del candidato de Morena que competirá por la gubernatura el año próximo.

El responsable del proyecto del Tren Interoceánico, Rafael Marín, cerró filas con la senadora Marybel Villegas, que se registró como candidata.

Quién sabe quién le dijo a Marín que tenía posibilidades cuando estas eran nulas, pero el hecho de asociarse con Villegas representa el intento más claro por frenar las aspiraciones del Verde Ecologista que casi casi quiere que le escrituren el estado a su nombre.

A ver.

LEG