El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para catalogar como “de seguridad nacional” las megaobras de infraestructura, así como proyectos prioritarios en diferentes rubros.
Dicho acuerdo, publicado ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), tendrá un impacto en la rendición de cuentas y transparencia del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas.
La Ley General de Transparencia, en su artículo 13, considera que lo clasificado como de seguridad nacional puede reservarse o incluso clasificarse como confidencial.
El documento, firmado por el mandatario, pide a las dependencias realizar las acciones necesarias para clasificar como de seguridad nacional los proyectos en materia de telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos.
Una de las justificaciones es que “es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos”.
Uno de los artículos del decreto indica que se “instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras y, con ello, garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.
Las dependencias también podrán justificar la adjudicación directa de contratos y no publicación en la plataforma Compranet por motivos de seguridad nacional.
Dicho acuerdo otorga un plazo de cinco días para avalar los dictámenes, permisos y licencias necesarios para comenzar las obras y proyectos prioritarios, de lo contrario se podrán considerar como otorgados por un plazo de un año. Esto implica el inicio casi inmediato de cualquier construcción o plan del Gobierno federal.
Al clasificarse como de interés público y seguridad nacional, los proyectos de la autoproclamada cuarta transformación se saltarían las suspensiones, provisiones o definitivas que otorguen los jueces mediante amparos.
CRITICAN ACUERDO
Al respecto, tanto la senadora panista Xóchitl Gálvez, como el exministro José Ramón Cossío, a través de redes sociales enfatizaron que el decreto presidencial es inconstitucional.
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