La estrategia de “abrazos, no balazos” es solo un discurso, pues con 124 mil elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en el país, así como mandos del Ejército y la Armada al frente de la Seguridad en seis estados, cuyos gobernadores morenistas recién asumieron el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia hoy la segunda mitad de su Gobierno.
A pesar del envío de militares y marinos a las entidades, al cumplirse tres años de su mandato, hay 97 mil 349 homicidios dolosos y 21 mil 807 desaparecidos en lo que va de su sexenio.
El dicho presidencial de “abrazos, no balazos” muestra contradicciones debido a que, en su último reporte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoce que a lo largo del territorio mexicano están destacados más de 124 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia.
De acuerdo con el informe emitido el 22 de noviembre pasado por Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena, 78 mil 227 efectivos están desplegados en la Operación Construcción de la Paz; 7 mil 266, cuidan las instalaciones estratégicas; 3 mil 525, se dedican a inhibir el robo de combustible; 28 mil 463, se mantienen las fronteras sur y norte del país, con la misión exclusiva de contener la migración; 3 mil 887, erradican plantíos de enervantes; mil 141, se encargan de la seguridad en aduanas y 2 mil 176 están en operaciones áreas.
Resalta el caso de Zacatecas, donde en las últimas semanas han sucedido episodios de violencia, por lo que el Ejército lanzó una ofensiva contra el crimen y, en la actualidad, hay más militares que policías estatales y municipales, pues son 2 mil 187 agentes y 3 mil 914 soldados los que fueron enviados.
Petit comité
Otro signo de contraste es que en los estados donde Morena asumió el poder este año, se nombraron a mandos del Ejército o Marina: en Michoacán asumió el general José Alfredo Ortega; en Colima, se nombró al capitán de navío Manuel Llerandi Ruiz, con 32 años de servicio en las fuerzas especiales de la Armada.
En Guerrero, el capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, llegó al cargo con al menos 120 integrantes de la Armada; también, en Acapulco, se nombró al capitán Maximiliano Serrano.
Al respecto, López Obrador señaló, en la presentación del Plan de Apoyo a esa entidad, que la gobernadora Evelyn Salgado le pidió opinión sobre los nombramientos en la cartera de Seguridad y se decidió enviar a integrantes de la Armada.
En Baja California Sur, el capitán Javier López fue nombrado al frente de la Seguridad; en Zacatecas fue elegido el general Adolfo Marín, y en Sinaloa, a Cristóbal Castañeda, con 16 años en las fuerzas armadas.
De esas entidades, destaca que Michoacán, Zacatecas y Guerrero se encuentran en el top 10 con más homicidios del país en 2021, con 2 mil 234, mil 361 y mil 130 asesinatos, respectivamente.
Por su parte, Colima ocupa el lugar 20, con 447 homicidios, y Baja California Sur ocupa el 31 con 42 homicidios.
En total, a tres años de iniciado el Gobierno, la estadística contrasta con los dichos presidenciales, pues según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contabilizan 97 mil 349 homicidios dolosos: 34 mil 690, en 2019; 34 mil 558, en 2020, y 28 mil 101, en lo que va de este año.
A su vez, el documento del Tercer Informe de Gobierno reconoce que en el periodo 2019-2021, con corte a septiembre, se han reportado 21 mil 807 desaparecidos en el país. En comparación, en el mismo lapso del sexenio de Felipe Calderón, que había 3 mil 141 personas no localizadas, y en los tres primeros años de Enrique Peña Nieto, se contabilizaron 13 mil 666 casos.
Las promesas
Durante la conferencia mañanera del 22 de abril de 2019, el mandatario se autoimpuso su primera promesa fatal: en seis meses bajarían la violencia y asesinatos porque la mayoría de la población tendría acceso a programas sociales.
López Obrador cumplió su primer año de Gobierno sin lograrlo, por lo que el 15 de enero de 2020 dio otro plazo: el 1 de diciembre de ese año.
A un año de distancia y en la antesala de iniciar la segunda mitad de su mandato, no se han cumplido los ofrecimientos del jefe del Ejecutivo. Al respecto, en julio pasado dio un viraje a su discurso sobre el combate a la delincuencia, al señalar que es el principal desafío de su administración.
“Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno”.
Durante ese discurso, indicó que sus adversarios se burlan de que “he dicho que ‘abrazos, no balazos’ y vamos a demostrar que funciona”, aunque las cifras de violencia siguen al alza y esa frase se contradice con el despliegue militar en el país.
Se utiliza inteligencia vs. delincuentes: SSPC
Por: Jorge X. López
La política de “abrazos no balazos” del Gobierno de México es sinónimo del uso de la inteligencia contra la delincuencia, aseveró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
En su comparecencia, ante la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, añadió que esa política les ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes.
“Llevamos ya varias administraciones que han intentado resolver la inseguridad únicamente con el uso de la fuerza. La diferencia es que estamos atacando las causas que generan la violencia.
“Sí, sí es bueno aspirar a que en México haya abrazos y menos balazos, pero la responsabilidad es de todas y de todos, aspiramos a una sociedad más fraterna, donde no haya disputas criminales y la paz se construye con más abrazos, cordialidad, civilidad, con más hermandad”, aseguró.
La secretaria agregó que “abrazos no balazos” también significa resolver más casos criminales para que no haya impunidad de los delincuentes.
Advierte improvisación
En contraste, el diputado Román Cifuentes (PAN) sostuvo que esa estrategia representa una causa de sufrimiento, dolor y de muerte para cientos de miles de familias mexicanas que padecen los efectos del crimen organizado.
El legislador argumentó que es improvisada y parece estar más fundada en ocurrencias y caprichos, porque “vemos un Presidente más enamorado de su imagen y de su narcisismo coloquial mañanero, antes que atender de manera verdadera la seguridad”.
Agregó que la militarización nunca ha sido una solución a problemas sociales y hoy se ve la centralización de las capacidades operativas en materia de seguridad pública en la Guardia Nacional.
Cifuentes apuntó que el diagnóstico en materia de seguridad es erróneo y equivocado, las medidas y las acciones con las que se quiere corregir son simplistas e insuficientes, además de erróneas y esto provoca que la problemática no solamente se haga más grave.
Pide a ONU pruebas de desapariciones
Por: Marco Fragoso
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe del Comité de la ONU, que sostiene que en México continúan las desapariciones forzadas, pues aseguró que en su gobierno se creó un mecanismo para búsqueda; además de que se evita que haya más casos.
En conferencia de prensa, el mandatario pidió al Comité presentar las pruebas de que continúan las desapariciones. “Si la ONU dice lo contrario tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos”, externó.
“Ahora no es igual que antes (…), se quedó esa idea de que somos iguales; ya no hay mátalos en caliente, ya no hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad. No hay ningún vínculo de complicidad con la delincuencia organizada ni con la de cuello blanco”, aseguró.
Ante ello, anunció que en los próximos días, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentará un informe sobre la visita del Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) y el estado que guardan los casos de desaparición forzada en su administración y los gobiernos anteriores.
Tras su visita por varios estados y reuniones con autoridades y comisiones de búsqueda, el CED expresó su preocupación por este delito en México, e instó a las autoridades “a localizar rápidamente a los desaparecidos, a identificar a los fallecidos y a tomar medidas rápidas para investigar todos los casos”.
Asimismo afirmó que el problema de la desaparición forzada no es una cosa del pasado y persiste debido a que los niveles de impunidad en el país son casi absolutos.
Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda hay 24 mil 674 personas desaparecidas y no localizadas en México en el periodo que comprende del 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2021.
LEG