Inducir a un niño o adolescente a ingerir bebidas alcohólicas, no es legal y se castiga con hasta 10 años de prisión, pues se trata de un delito denominado corrupción de menores, junto con otras acciones, que en México va en aumento.
Los casos denunciados aumentaron 45% este año al pasar de 165 en enero a 239 en octubre pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El problema se agrava por los altos niveles de cifra negra que no se denuncia y por la impunidad que existe, según expertos.
De acuerdo con el Código Penal, se cataloga corrupción de menores cuando una persona “induzca, procure, facilite u obligue a un menor de edad a realizar actos de exhibicionismo corporal, sexuales, prostitución, ebriedad, consumir drogas o sostener prácticas sexuales” y dicho delito alcanza penas de cinco hasta 10 años de prisión.
Los meses con más casos de este ilícito son mayo, junio, julio y octubre; mientras que los estados que más denuncias tienen de este ilícito son: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y Jalisco.
De enero a octubre hay registros de 2 mil 233 denuncias; es decir, cada día durante lo que va del año 7.44 niñas y niños han sido víctima de este delito, cifra superior a la del año pasado cuando se registraron 2 mil 79 casos en el mismo periodo.
Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en América Latina y el Caribe, hay tres aspectos que ocasionaron el aumento de 45% en este delito: uno es que niñas, niños y adolescentes quedaron “mucho más” expuestos con el confinamiento, fundamentalmente con énfasis en la violencia sexual.
El segundo es hacen falta redes de protección familiar, comunitaria y escolar, porque éstas suelen reducir o ahuyentar las posibilidades de estar con personas que les pueden hacer daño; y el tercer factor es la impunidad.
Tan solo en mayo pasado, este diario publicó que de cada 100 carpetas de investigación en delitos contra niños, 97 quedan impunes debido a la mala integración del expediente.
“Seguimos estando con estándares de más de 70% de impunidad en las carpetas que se han presentado de todos estos delitos; como sucede en un contexto privado hay mucho subregistro, no hay manera de calcular cuál es porque son hechos privados y generalmente la persona corruptora puede ser incluso el papá o la mamá”, dijo.
Además, hizo un llamado a la población a prender los focos de alerta y destacar que los niños y niñas están cada vez más expuestos a información, contenidos o prácticas que no son propios de su edad.
“Esto no es un tema moral, es súper importante destacar, es un tema de derechos humanos de los niños: tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad cuando se habla de este tipo penal de corrupción de menores, son cosas que van a trastocar su estabilidad emocional, identidad”, advirtió.
En México, las clases presenciales se reanudaron en agosto de 2021, luego de casi un año y medio de cursos en línea a causa de la pandemia por Covid-19.
Pérez García señaló que para proteger a los menores de edad se deben de generar redes de apoyo en la escuela, espacios deportivos y con la familia.
Asimismo, aseguró que los menores que tienen pocas redes de apoyo, poca interacción y que están aislados son las víctimas que los depredadores buscan y que tienen garantizado que no sucederá nada porque tienen poco espacio de escucha, poca seguridad emocional y mucha necesidad de atención y afecto.
‘Mi ex lo obligaba a beber’
María de Jesús acusó que su exesposo obligaba a su hijo menor, de 14 años de edad, a consumir bebidas alcohólicas con el propósito de que se hiciera “machito”.
La mujer de 40 años, originaria del Estado de México, narró a este diario que en algunas fiestas familiares a las que asistían el hombre de 42 años incitaba al adolescente a que consumiera diferentes bebidas alcohólicas, acciones que la madre reprobaba.
“Era muy traumante para mi hijo, pues mi ex lo obligaba a beber y mi hijo fue desarrollando con el tiempo rechazo a su padre, incluso a causa de esto, en ocasiones llegaba con aliento alcohólico de la escuela, pues se iba con sus amigos”, declaró.
María de Jesús narró que a causa de esto, el menor adoptó una conducta agresiva con su entorno cercano, por lo que tuvo que ir al psicólogo.
Otra consecuencia de la corrupción de menores que vivió en su familia fue violencia en su matrimonio, por lo que optó por denunciar las agresiones.
“Al llegar al Ministerio Público me orientaron los abogados, quienes me dijeron que mi esposo enfrentaría el delito de violencia familiar y corrupción de menores”, explicó la mujer.
También la madre reconoció que varias veces la llamaron de la escuela del menor para informarle que ingería bebidas fuera del plantel y en ocasiones llegaba a su casa con aliento alcohólico.
Finalmente, indicó que su hijo continúa con terapias con el psicólogo.
LEG