En las cárceles mexicanas, cuya población privada de la libertad asciende a 220.5 mil presos, prevalece el pago monetario por parte de los internos para acceder a servicios, bienes, beneficios o permisos, siendo los custodios quienes reciben, en mayor incidencia, dichos pagos ilegales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL), se estima que el 55.3% de los presos tuvieron que pagar por el pase de lista, un control dentro de los centros penitenciarios en el que, según reportan investigaciones especiales, si no se paga la cuota determinada, el reo es obligado a realizar trabajos adicionales.
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Dentro de las cárceles, el 43.2% de los reclusos señaló que pagó para tener aparatos eléctricos, el 34.0% por cambio de celda, el 31.9% para acceder a agua potable, el 30.0% para recibir medicamentos y el 28.2% para poseer una cama, colchoneta y/o cobijas.
Del total de dichos pagos ilegales para acceder a servicios, bienes, beneficios o permisos dentro de los centros penitenciarios, el 88.9% de los presos apuntó que se los entregaron a custodios.
Asimismo, el 36.3% de los reos también señaló que tuvo que pagar a otros internos por los mencionados actos de abuso y corrupción; y de la misma manera, 16.0% de los encuestados dijo que tuvo que entregar dinero a personal técnico penitenciario.
Aunado a lo anterior, del total de presos que reconocieron haber efectuado algún pago ilegal, el 96.4% señaló que no presentó ninguna queja o denuncia ante la autoridad.
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Y es que, el 33.6% dicha población penitenciaria, puntualizó que no hizo nada porque consideran que la corrupción es un práctica común dentro de las cárceles; el 29.9% justificó su inacción por miedo a represalias; mientras que el 15.8% externó que sería inútil.
Dentro de los datos dados a conocer en la ENPOL, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los que se muestra una radiografía del sistema penitenciario mexicano, también se incluyeron indicadores que revelan la situación de autogobierno que se viven dentro de las cárceles.
A nivel nacional, el 36.7% de la población privada de la libertad indicó que, entre julio de 2020 y de 2021 –periodo de referencia de la información recopilada– observó que internos realizaron, de manera parcial o total, actividades de seguridad o de funcionamiento al interior del centro penitenciario.
Con respecto a la vida intercarcelaria, el 25.9% de la población privada de la libertad aseguró sentirse insegura en el centro penitenciario, mientras que el 14.4% de los presos señaló percibir inseguridad al interior de su propia celda o dormitorio.
El Centro de Readaptación Social (Cereso) “Dr. Sergio García Ramírez”, ubicado en el municipio mexiquense Ecatepec, fue el lugar en el que se registró el mayor porcentaje de presos, el 55.5% del total de su población penitenciaria, que se sentían inseguros al interior de dicho espacio.
klcg