Las aseguradoras no podrán negar una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religión, preferencias sexuales o discapacidad de la persona solicitante, así lo aprobó este martes el Pleno del Senado.
A través de modificaciones a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a la Ley sobre el Contrato de Seguro, se establece que, las aseguradoras deberán realizar el análisis de las solicitudes en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables y sin prejuzgar sobre la condición de las personas solicitantes.
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En el dictamen se refiere que estas empresas, deberán promover la igualdad de oportunidades de acceso a los productos de seguros, eliminando cualquier práctica discriminatoria por razones de origen étnico, nacional, religión, preferencias sexuales o discapacidad de la persona solicitante.
Los senadores señalaron que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 21 millones de personas con discapacidad, de éstas el 53 por ciento (11 millones) son mujeres.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena y promotor de la iniciativa, dijo que esta es un avance sustantivo y está relacionada con un espíritu de libertad y de dignidad para las personas con alguna discapacidad o para aquellas que son discriminadas por preferencias sexuales o de origen étnico.
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“Es eliminarla discriminación y permitir el acceso a los productos que ofrecen los seguros y las aseguradoras. (…) Es increíble que en pleno siglo XXI estemos apenas legislando sobre de esto. (…) Pero, esta modificación que hoy presentamos admite y evidencia que aún estamos atrasados en materia de inclusión”.
En el dictamen se señala que las instituciones de Seguros deberán diseñar productos adecuados para las personas con discapacidad, llevando a cabo un proceso de selección de riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.
Estas instituciones adoptarán las medidas necesarias para auxiliar a las personas con discapacidad, tales como facilidades en la atención y el servicio, accesos adecuados en sus instalaciones, prioridad en la atención de los siniestros, así como un trato respetuoso y digno.
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