El Senado no interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que declara a los proyectos y obras de su Gobierno, de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos.
De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, la Cámara alta “carece de interés legítimo, puesto que no se actualiza el principio de agravio que exige la procedencia del medio de control”.
En el documento enviado a los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural, considera que el acuerdo es un acto formalmente administrativo, ya que su materia se circunscribe y limita a la esfera interna de las dependencias y entidades que integran la administración pública federal a quienes instruye.
Por lo tanto, informa que no interpondrá una controversia constitucional contra el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre pasado, tal como lo solicitaron 53 senadores de oposición.
La senadora de Morena dijo que “desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”.
Y aclaró que lo anterior, “no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial. En todo caso, otros organismos constitucionales autónomos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de agravio, podrían encontrar la vía para interponer una controversia constitucional”.
Los senadores de oposición consideraron que el decreto presidencial ocasionará opacidad en la construcción de las obras.
El coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, lamentó la postura de la presidencia de la Mesa Directiva y advirtió que seguirán explorando vías jurídicas para combatir el “Decretazo Presidencial”.
LEG