Mediante una reunión presencial entre autoridades y alumnos del CIDE, que mantienen tomada la institución, se perfila que los estudiantes entreguen las instalaciones el próximo 9 de diciembre, donde el Conacyt emitirá una carta confirmando su convicción y voluntad demostrada de respeto hacia los derechos humanos; la libertad de expresión, de manifestación y de reunión.
Así lo informó el Conacyt, a través de un comunicado, donde anunció que con el propósito de dialogar de manera directa con el mayor número posible de estudiantes, la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces y José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, se reunieron con decenas de estudiantes de este Centro Público de Investigación por videoconferencia.
Álvarez-Buylla insistió en la necesidad de que las instalaciones sean liberadas y se permita el acceso a toda la comunidad del CIDE para que pueda reanudar sus labores.
Durante la jornada de diálogo, la titular del Conacyt compartió con las y los estudiantes información detallada sobre el proceso de designación del nuevo director general del CIDE que ha causado controversia. Les dijo que se cumplió de manera rigurosa con lo estipulado en el Estatuto General y les explicó las distintas fases del procedimiento que inició con una convocatoria abierta para todas y todos los interesados; seguido por dos auscultaciones -una interna y otra externa- y, finalmente, la designación del titular del CIDE, hecha por la directora general del Conacyt en el ejercicio pleno de las atribuciones que le confiere el artículo 30 del Estatuto General, que a la letra dice:
“La propuesta del Grupo de Auscultación Externa será sometida a la consideración del Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien, en su calidad de Coordinador Sectorial, designará y nombrará a uno de los candidatos como Director General de la Asociación. Esta designación será presentada al Consejo Directivo para su formalización”.
Asimismo, Álvarez-Buylla reiteró que tanto el Conacyt como el CIDE están comprometidos con el derecho a la educación pública y de alto nivel, gratuita y accesible a todos los sectores de la población, que redunde en el bienestar del pueblo de México.
También recordó lo anunciado el pasado 29 de noviembre: a a partir de 2022 se cancelarán todas las colegiaturas y cualquier tipo de cuotas en el CIDE y en todos los Centros Públicos de Investigación (CPI) coordinados por el Consejo, además de buscar la cobertura de becas para todas y todos los estudiantes de los CPI.
El motivo del inicio de las protestas en el Cide ocurrió luego de que el director general del Centro destituyó de su cargo a Catherine Andrews, secretaría académica del CIDE, hecho que la comunidad académica calificó como una “destitución arbitraria” y por el cual ahora alumnos y académicos piden la “destitución inmediata” de Romero.
Los problemas internos dentro del CIDE comenzaron a partir de la propuesta del presidente para desaparecer diversos fideicomisos públicos del Gobierno, decisión que culminó en un decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 por el cual se extinguieron en total 109 fondos y fideicomisos.
La razón de desaparecerlos, según el presidente, era para tener una bolsa de más de 50 mil millones de pesos para emplearlos en programas sociales y atención a la pandemia.
LDAV