Los contadores públicos consideran que es injusta la obligación que pretenden atribuirles como parte de la reforma al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en la que se establece que el profesional de la Contaduría Pública tiene que informar a las autoridades cuando se detecte alguna conducta por parte de los contribuyentes que pudiese constituir la comisión de un delito fiscal.
Y es que, en caso de no informar, el contador público podría ser acreedor a una sanción penal que va de los tres meses hasta los seis años de prisión.
“Consideramos injusto para el profesional que se capacita, que se prepara, que está certificado, que cumple con normas profesionales, que pueda ser sujeto a una sanción que ya es de índole penal”, externó la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Laura Grajeda Trejo.
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Agregó que, como contadores públicos se rigen bajo normas profesionales y de auditoría internacional, pero en el caso de la reciente modificación que se incluyó dentro del paquete económico para 2022, no deberían estar tan expeditados a identificar si se comete algún delito fiscal dentro de las revisiones que hacen como parte de sus labores profesionales.
Añadió que, si bien se notifica a la empresa la detección de alguna irregularidad fiscal, también puede suceder que dentro de las revisiones que hacen los contadores públicos, pudiesen darse la situación en la que no lograran identificar la comisión de un delito.
En conferencia de prensa, explicó que la auditoría a los contribuyentes, en este caso, a las empresas, se hace a base de muestras, cumpliendo con normas internacionales y bajo una metodología establecida.
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“Si dentro de la muestra que nosotros revisamos no identificamos un delito fiscal y la autoridad, iniciados sus facultades de revisión, sí lo hace, pues nosotros –los contadores públicos– estamos sujetos a una sanción al igual que el contribuyente”, expuso.
Grajeda Trejo ratificó su compromiso, como contadores públicos, para el cumplimiento de la recaudación fiscal, pero las disposiciones y las sanciones que impusieron son muy elevadas.
Compartió que seguirán manteniendo el acercamiento con las autoridades fiscales para discutir las nuevas obligaciones atribuidas a los profesionales de la Contaduría Pública.
OC