El INE determinó ayer la procedencia de la cancelación de registro de promoventes y auxiliares de la consulta de revocación de mandato al detectar “apoyos con inconsistencias’’ que para el Instituto no son errores sino una estrategia para inflar el número de firmas requeridas.
La decisión del órgano electoral tiene trascendencia pues entre los registros cancelados está el de la promovente Gabriela Georgina Jiménez Godoy, quien el fin de semana pasado entregó 260 cajas con supuestamente 1 millón de firmas.
El instituto dio la razón al PAN que presentó una queja en contra de un grupo de ciudadanos “por el probable uso indebido y posesión de datos del padrón electoral’’.
“La solicitud de medidas cautelares, bajo la figura de tutela preventiva, se consideró procedente, pues, en apariencia del buen derecho, un grupo de auxiliares ha incurrido en irregularidades de manera reiterada y ya que han aportado a la autoridad electoral nacional apoyos con inconsistencias, las cuales, aparentemente, no se tratan de errores o accidentes, sino de un proceder sistemático encaminado a incrementar de modo artificial el número de firmas requeridas para el inicio de un proceso de revocación de mandato’’, consideró la autoridad electoral.
La resolución anterior implica que la Comisión de Quejas y Denuncias ordene a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la baja de los auxiliares, entre ellos la asociación “Que siga la democracia’’ y a su líder, Jiménez Godoy.
La cancelación del registró provocará a su vez la inhabilitación de la recepción de apoyos procedentes de los dispositivos electrónicos registrados por los mencionados auxiliares y, lo más importante, los apoyos de los promoventes obtenidos de manera irregular serán clasificados como “inconsistentes’’.
Es decir, que no contarán como firmas válidas a la hora de procesar el total de apoyos obtenidos.
En el caso de Jiménez Godoy y la asociación “Qué siga la democracia’’, no se puede contabilizar aún cuántas firmas del millón que entregó vayan a ser anuladas.
Pero lo que ayer concluyó el INE es que varios promoventes, entre funcionarios públicos y organizaciones como la arriba citada, recurren a trampas para inflar el número de firmas requeridas para obligar a la consulta de revocación, algo que era un secreto a voces pero que no se había reconocido oficialmente hasta ayer.
A ver si hoy hay réplica en la mañanera.
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Concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y en el Senado se hace un balance de las iniciativas aprobadas y las pendientes para el siguiente, que comienza en febrero.
Este fue el primer periodo de sesiones bajo la presidencia de la exministra y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien le faltó experiencia para el manejo político de la Cámara alta.
Tres estampas quedaron para la historia parlamentaria de la presidencia de la exministra:
Su negativa a interponer una controversia constitucional en contra del decretazo presidencial por considerar que el Senado “no tenía legitimidad’’ para presentarla.
La crítica a esta decisión radica en que, a juicio de la oposición, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien debía decidir si el Senado tenía o no legitimidad.
La segunda, la pérdida de control cuando la senadora Lilly Téllez le gritó desde su curul reclamando precisamente su negativa a presentar el recurso y la presidenta de la mesa directiva decidió, en ese momento, terminar la sesión y convocar a la siguiente.
Y la tercera, haber dado validez oficial a la “hora del aficionado’’, que era un chiste local entre senadores, a la participación de legisladores para hablar de cualquier tema de su interés.
LEG