Hasta ahora esa famosa consulta de “revocación de mandato” muestra varias cosas. La certeza, con tonos soberbios, del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ese ejercicio constitucional habrá de convertirse en una adulación de su mandato, sin posibilidad alguna de un resultado adverso.

Habilita, al mismo tiempo, un mecanismo para bombardear a un posible opositor que llegara a derrotar a sus delfines en la elección presidencial.

Muestra en toda su dimensión la muy mala operación política de su partido Morena bajo la conducción de Mario Delgado que ha sido incapaz de convocar a los sujetos suficientes que aporten credencial, datos biométricos y firma necesarios para garantizar la celebración de esa consulta.

Pero, sobre todo, deja al descubierto un burdo proceso de debilitamiento del árbitro electoral.

Acabar con la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) siempre ha estado en el guion de la 4T, la puesta en escena era la duda.

La contrarreforma energética se ha topado con obstáculos legislativos que, si bien no la hacen todavía imposible, sí amenaza con dejar fracturas importantes que harían inviable seguir el mismo camino para echar para atrás las leyes electorales como hoy las conocemos.

Así que todo este tinglado que se ha montado en torno a la revocación de mandato deja ver un intento de degradación en la confianza ciudadana que hay en la autoridad electoral.

No debería haber una consulta de revocación de mandato si nadie quiere que se vaya López Obrador. Pero como en ese proceso legislativo se consiguió la ambigüedad en la pregunta de tal consulta, lo que seguía era asignar los millonarios recursos que se necesitaban para que el Presidente pudiera congratularse del resultado ya conocido en una organización del tamaño de una elección presidencial.

No solo se necesitaban unos cinco mil millones de pesos de presupuesto extraordinario, sino también juntar 2,758,227 firmas de ciudadanos espontáneos que apoyaran la realización del ejercicio.

Ante la impericia política de los operadores electorales del Presidente era más fácil dejar al INE sin recursos y entonces montar un escándalo propagandístico para responsabilizar al árbitro electoral de entorpecer los derechos participativos democráticos de los mexicanos.

El operativo contra la autonomía del INE que está en marcha, que incluye un pretendido juicio político en contra de los consejeros que no reciben órdenes de la 4T, es una apuesta mayúscula del régimen.

Ha provocado que no solo los que juegan a ser ignorantes redoblen sus ataques, sino que ahora las dos corcholatas más visibles del Presidente, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, optaron por renunciar a sus mentes brillantes para repetir las líneas discursivas absurdas que escribieron de los propagandistas.

Por supuesto que el Presidente quiere pararse frente al espejo a que le digan que él es el más popular, pero todo esto tiene un propósito superior para su causa y tiene que ver con el proceso electoral del 2024.

La simple idea de secar de recursos al INE en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se deberá aprobar en noviembre del 2023 debería encender las alertas sociales. Pero en el camino, el intento de extender las incondicionalidades al árbitro electoral es una estrategia en marcha.

@campossuarez