Por considerar que el delito de “ultrajes a la autoridad, institucionaliza el terror y sirve como instrumento de persecución política, ya que se podrán inventar delitos y pruebas para criminalizar a los ciudadanos”, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Adriana Díaz, hizo un llamado a las autoridades judiciales, partidos políticos de oposición y ciudadanos de Veracruz a exigir respeto a los derechos humanos.
Además, pidió a las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal a intervenir urgentemente en el ejercicio de sus atribuciones para proteger las garantías individuales de todas y todos los veracruzanos acusados por este tipo de delitos que son propios de gobiernos autoritarios.
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La líder perredista, recordó los reiterados llamados y denuncias realizaas por la detención del perredista Rogelio Franco Castan, quien se encuentra detenido desde el 13 de marzo de 2021 por un procedimiento jurisdiccional de índole familiar al ser acusado de forma burda por este delito en dicha diligencia.
“Su detención fue fabricada para evitar su participación en el pasado proceso electoral y tomar protesta como diputado federal”, acusó.
Díaz Contreras informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de este tipo de delitos en la Ciudad de México, por lo que llamó a las autoridades judiciales, partidos políticos de oposición y ciudadanos de Veracruz exigir respeto a los derechos humanos.
Refirió que en el caso de Franco Castan, hasta el momento no se ha garantizado un debido proceso, lo que vulnera su derecho fundamental y convencional a la libertad personal, sino también su derecho a ejercer la defensa y ser juzgado sin dilaciones dentro de un plazo razonable.
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“En el caso de Franco Castan no está demostrado el supuesto ultraje, por lo que cualquier autoridad judicial justa no tendría más opción que poner en libertad inmediata al preso político del gobernador Cuitláhuac García”, reiteró.
El delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz entró en vigor el 12 de marzo y señala que se le impondrán siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.