El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que la denuncia penal contra los consejeros, interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, representa una persecución penal y recuerdan las “peores prácticas de los regímenes autoritarios”.
Tras la denuncia, Córdova espera que la Fiscalía General de la República (FGR) “enmiende el error” y pronto desestime dicha indagatoria que es perseguida de oficio, la cual se originó porque habían aprobado aprobar un acuerdo para suspender los plazos de la revocación de mandato por falta de presupuesto.
El presidente del INE aseguró que la querella iniciada por el líder de la Cámara de Diputados y de extracción morenista “es un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios”, pues se trata de perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir”.
El presidente del INE apuntó que se quiso usar el “brazo penal del Estado” para amedrentar y amenazar a los consejeros. “Es grave que el presidente de un poder (Sergio Gutiérrez), en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”.
Ante ese escenario, afirmó que seguirán con la organización de la revocación de mandato, a pesar del recorte presupuestal y la persecución penal que, dijo, son objeto algunos integrantes del Consejo General.
En un video publicado en sus redes sociales, Córdova detalló que el organismo electoral informará el próximo 4 de febrero si se cumplieron los requisitos legales, en especial la entrega de 2.7 millones de firmas.
Sin embargo, “los trabajos del instituto para organizar este proceso siguen adelante, a pesar de no contar con los recursos presupuestales”.
En noviembre pasado, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, el INE se quejó que, de cumplirse los requisitos, no tendría recursos para organizar la revocación de mandato, pues la Cámara de Diputados les aplicó un recorte de 4 mil millones de pesos.
LEG