@guerrerochipres
Crecientemente digital, la ciudadanía encauza su vida cotidiana y, a partir del desplazamiento delictivo catalizado por la pandemia, debe mantener su confianza tanto en el mercado legal y legítimo como prevenirse del negocio criminal trasladado al ámbito de internet.
Aparentemente de interés empresarial y gubernamental, la ciberseguridad se ha convertido en los últimos dos años en una práctica indispensable de prevención y cuidado personal. Protegernos debe ser el imperativo realista para impedir fraudes, extorsiones, robos o hackeos. Debemos construir nuestra cultura cívica digital, respecto de nuestro diálogo con lo público y en relación con nuestra integridad personal y la protección de nuestros bienes.
La ciberseguridad tiene entonces su punto de partida en la protección de los datos personales, que representan la primera propiedad privada del mundo virtual y cuyos únicos dueños son las personas, a su vez los primeros garantes de la seguridad con la adopción de esquemas domésticos que implican alfabetización y concientización digital.
En los dos años recientes, la pandemia de Covid y las medidas sanitarias aceleraron el desplazamiento de las actividades cotidianas y sociales hacia lo digital. La educación y la interacción de las niñas, niños y adolescentes se trasladó a ese universo; el trabajo adoptó modalidades a distancia, con encuentros virtuales; las compras y ventas se mudaron a ese tipo de plataformas.
La internet facilitó la vida diaria en confinamiento e hizo accesibles sus prácticas a la distancia. Y esa dinámica se hizo permanente e incluso se facilitó desde lo institucional, en una realidad que ya no se puede detener: el derecho a la conectividad.
Ahora, por ejemplo, la Ciudad de México, por impulso de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la urbe del mundo con más puntos de conexión Wifi gratuitos. Un derecho que implica responsabilidades desde lo individual.
Una ciudadanía digital debe ser directamente proporcional a una ciudadanía cibersegura, porque en ese espacio también opera ya la delincuencia, con mecanismos coyunturales que explotan la necesidad de sus víctimas potenciales. Tan solo se estima que, en México, al primer semestre del 2021 se registraron 60 mil millones de ciberataques, el 66% de los ocurridos en América Latina.
Identificar el peligro en el ciberespacio es el comienzo, el siguiente paso es tomar medidas contra las amenazas y delitos que enfrentamos como personas, comunidad y gobiernos al conectarnos a internet.
En Latinoamérica, México, a pesar de la cantidad de ataques, ocupa el cuarto lugar en preparación en ciberseguridad, superado por Estados Unidos, Canadá y Brasil, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Los puntos débiles se concentran en las leyes y regulaciones sobre ciberdelito y ciberseguridad.
El tema será este año, sin duda, central. Ciudadanía, organismos civiles y empresariales, así como autoridades podemos llevar al país, al menos, al tercer puesto.