Los operativos para frenar el crimen organizado en México han sido muchos, entre ellos se encuentra la operación “Rápido y Furioso” (2009-2011), mediante la cual se introdujeron miles de armas al país.
Este domingo, un Juez de Distrito dictó tres órdenes de aprehensión contra siete personas por su participación en dicha operación, entre los cuales figura Joaquín “El Chapo” Guzmán, Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad) y Luis Cárdenas Palomino (exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal).
Pero, ¿qué fue la operación “Rápido y Furioso” y cómo es que surgió?
La operación se da en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón y la Iniciativa Mérida (2008).
Uno de los primeros actos de gobierno de Calderón fue anunciar el combate hacia el crimen organizado para desmantelar los cárteles mexicanos.
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En ese sentido surgió la Iniciativa Mérida como un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Las negociaciones se llevaron a cabo entre Felipe Calderón y el gobierno de George Bush en 2007; un año más tarde entraría en vigor y se destinaron más de 60 mil millones de pesos aprobados por el Congreso de EU.
Esta relación bilateral propició que se creara la operación “Rápido y Furioso” en 2009.
Dicha operación fue implementada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El plan consistía en introducir armas con chip a México para venderlas a presuntos criminales y traficantes de armas. De esta manera se rastrearía el armamento, se le daría seguimiento y así se llegaría a los narcotraficantes.
La operación “Rápido y Furioso” facilitó que “dos mil 500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México”, señala la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.
El fracaso de la operación fue puesto a descubierto cuando en diciembre de 2010 una de esas armas fue utilizada en un tiroteo en Arizona donde murió el agente fronterizo Brian Terry.
Un año después, el 15 de febrero de 2011 fue asesinado el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Jaime Zapata, mientras se dirigía del entonces Distrito Federal a Monterrey.
Su compañero, Víctor Ávila, resultó gravemente herido. Posteriormente se comprobó que Zapata fue asesinado con un arma de “Rápido y Furioso”.
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Este episodio desató un desacuerdo entre ambos países, por lo que el gobierno de Calderón envió una queja a Washington sobre la ejecución de la operación.
Lo anterior también provocó que el Congreso estadounidense y el Poder Ejecutivo tuvieran un enfrentamiento por la entrega de documentos clave sobre el operativo.
El 30 de enero de 2012, Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Interna, afirmó que se cometieron “seis errores” en la operación y se comprometió a no repetirlos.
En febrero de 2016, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia confirmó que la operación “Rápido y Furioso” fue “supervisada de manera irresponsable” por la ATF.
En mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del canciller Marcelo Ebrard, envió una nota diplomática a la administración de Donald Trump en la que se solicitó el esclarecimiento sobre el operativo.
Tras el cierre de la investigación en Estados Unidos, se desconoce el número exacto de las armas que ingresaron al país, así como las víctimas derivadas de la operación.
Por su parte, Felipe Calderón sostiene que supuestamente su administración no tenía conocimiento de que la ATF introdujera armas a México.
OC