La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) del Senado de la República, expresó su preocupación sobre diversos asuntos que advierten presuntas violaciones por parte de Estados Unidos a diversas disposiciones del Tratado y perjudicar los intereses de México y de los sectores productivos nacionales.
En una carta dirigida a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, firmada por 16 senadores de todos los partidos políticos, la Comisión que preside la priista Claudia Ruiz Massieu, expresan su acompañamiento a “todas las medidas que defiendan los intereses de México en la región, al tiempo que permitan consolidar a América del Norte como una de las regiones más competitivas, prósperas e incluyentes del mundo”.
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Ante ello, denunciaron la posible aprobación de créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos ensamblados en los Estados Unidos a partir de 2027, lo que va en contra de las reglas de valor de contenido regional establecidas en el T-MEC, así como al espíritu de integración regional del acuerdo, al favorecer a la industria estadounidense en detrimento de las cadenas de valor regionales consolidadas en las últimas décadas.
Además, manifestaron las diferencias con las autoridades de los Estados Unidos en la interpretación y aplicación de las reglas de origen relativas al sector automotriz; particularmente, las disposiciones en materia de contenido regional. Por ello, respaldaron a la Secretaría en la solicitud de realizar un panel de solución de controversias para solventar estas diferencias con EE.UU.
La Comisión también se dijo preocupada por las cuatro investigaciones sobre importaciones de productos agrícolas mexicanos que actualmente se llevan a cabo por la United States International Trade Commission (USITC), las cuales podrían afectar a las exportaciones de productos agrícolas mexicanos a territorio estadounidense.
En 2022, la administración de Joe Biden emitirá reglas nuevas y más fuertes bajo la Ley de Empacadores y Acopiadores y emitirá nuevas reglas de etiquetado “Producto de EE.UU.” para que los consumidores puedan comprender mejor el origen de la carne que consumen”.
Esta acción, señala del documento, ha generado rechazo por parte de los productores mexicanos, ante la posible implementación de medidas que puedan llegar a representar obstáculos técnicos al comercio de ganado bovino, así como al de carne de bovino o porcino.
En cuanto a las medidas regulatorias impuestas a productos mexicanos por asuntos sanitarios, particularmente, en relación con el virus rugoso café del tomate, indicaron, las autoridades en EE.UU. pretenden argumentar que la exportación del fruto mexicano es una grave amenaza para la industria doméstica; sin embargo, la evidencia científica señala que el riesgo de transmisión del virus está en la semilla, no en el fruto.
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Frente al proceso que lleva a cabo el United States Trade Policy Staff Committee para analizar la extensión de la salvaguardia de 2018 contra algunas células fotovoltaicas, México ha demostrado que las importaciones de origen mexicano de estos productos no constituyen daño a la industria nacional estadounidense y, por el contrario, las exportaciones mexicanas han sido severamente afectadas por esta medida, manifestaron.
Desde la implementación del Tratado, EE.UU. amplió de manera indebida el estándar para adoptar o mantener limitaciones a servicios de autotransporte transfronterizo de largo recorrido, en la perspectiva de México. Esto dará pie a un gran número de situaciones bajo las cuales pueden tomar medidas que afecten a los proveedores mexicanos de estos servicios.
Finalmente, indicaron que las modificaciones a la regulación “Buy American”, la cual tiene como propósito incentivar la integración de insumos domésticos en la fabricación de bienes en EE.UU., si bien podría no ser violatoria de las disposiciones establecidas en el capítulo de contratación pública del T-MEC, sí pone en una condición diferente a las exportaciones mexicanas de insumos que son incorporados en los bienes que adquiere su gobierno.
El documento está firmado por las senadoras Lilia Margarita Valdez y Bertha Alicia Caraveo Camarena, y los senadores Héctor Vasconcelos y Alejandro Armenta Mier, de Morena; las senadoras Gina Andrea Cruz Blackledge y Josefina Vázquez Mota, del PAN; y las senadoras Beatriz Elena Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI.
También la senadora Patricia Mercado y el senador Luis David Ortiz Salinas, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Benavides Cobos y Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM; Sasil de León Villard y Katya Elizabet Ávila Vázquez, del PES; Joel Padilla Peña, del PT; y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Plural.
klcg